El imputado, Cruz Martínez fue declarado rebelde desde el inicio del proceso, por evadir la justicia por más de 10 años, pero en mayo de este 2021 fue detenido y se le notificó sobre la orden de captura judicial por el homicidio de Ernesto Durán, en el penal de Izalco.
Carlos Armando Aquino, alias Nini, palabrero de la Pandilla, fue encontrado culpable y condenado a 22 años de cárcel por el delito de Homicidio Agravado.
Según los fiscales de la Unidad de Delitos Especiales en Contra de la Mujer y el Menor en Zaragoza, el imputado aprovechaba la soledad de la zona y la cercanía con la víctima para cometer los abusos.
Así lo dio a conocer la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, quien detalló que el imputado fue acusado por los delitos de Homicidio Agravado, en perjuicio de dos personas.
El jefe de esta oficina Fiscal, Cristóbal Hernández, dijo que el imputado es miembro de una estructura terrorista que opera en el cantón Zapúa, del municipio de Jujutla, Departamento de Ahuachapán; también, hay ocho sujetos más que están involucrados en este caso y que fueron condenados previamente.
Los hechos ocurrieron cuando el Argueta Amaya en un arranque de cólera atacó con un corvo a la víctima cuando se encontraba fuera de su vivienda.
Las investigaciones indican que el implicado habría convencido a la víctima de irse a vivir con él, aún y cuando ésta era menor de edad.
Además, tendrán que pagar US$20,000.00 en concepto de responsabilidad civil porque el automotor de carga pesada nunca se encontró.
“Los interesados en emigrar pagaban entre $3,000 y $4,000 que depositaban en las cuentas bancarias de los imputados”, indicó la Fiscalía.
Según explicó el jefe de esta oficina fiscal Rigoberto Godoy, ambos imputados fueron detenidos con orden administrativa girada por la Fiscalía General de la República (FGR), luego de haber sido identificados a través de las investigaciones realizadas y la declaración de un testigo protegido.
El homicidio se cometió el 16 de junio de 2016, en horas de la tarde, cuando la víctima se encontraba al interior de su casa en el caserío El Castaño, del municipio de Guatajiagua, en Morazán.
El jefe de esta oficina Fiscal, Cristóbal Hernández, explicó que después de la denuncia interpuesta por una familiar de la víctima inició la investigación con las entrevistas a la víctima y la madre, inspección del lugar del hecho, peritaje psicológico; diligencias con las cuales la Fiscalía decretó la detención administrativa contra el imputado.
En la Vista Pública desarrollada por el Juzgado Primero de Sentencia de Cojutepeque, el juez declaró culpable al imputado por el delito de Homicidio Agravado, condenándoles a 20 años de prisión, luego de que la representación fiscal, ostentara con pruebas de tipo documental, pericial y testimonial.
El imputado ha sido perfilado como miembro activo de la Mara Salvatrucha (MS-13) que opera en las inmediaciones de colonia Ciudad Futura del municipio de Cuscatancingo.
Los hechos se dieron a partir del mes de febrero de 2020 cuando el imputado realizó una exigencia económica a la víctima amenazándole que, si no le entregaba el dinero, él y su familia serían asesinados.
El menor había sido reportado como desaparecido el 11 de julio en la zona de El Jabalí de Quezaltepeque, en el departamento de La Libertad.
La Unidad Fiscal Especializada de Hurto y Robo de vehículos detalló que se trata de Álvaro Antonio Herrera Santos, quien fue llevado a vista pública a cargo del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana, donde se le imputaron los cinco ilícitos cometidos en perjuicio de la fe pública.
La investigación del presente hecho se inició luego de la denuncia interpuesta por la víctima, quien expresó que ambos sujetos llegaron a su negocio a exigirle en calidad de “renta” la cantidad de US$100.00 cada 15 días, y así dejarlo trabajar en la zona, de lo contrario que se atuviera a las consecuencias y que no fuera a denunciar a la Policía.
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El incriminado fue procesado en un inicio por el delito de feminicidio tentado, sin embargo, el juez cambió la tipificación del delito a lesiones graves porque la víctima no se presentó a la audiencia celebrada en el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de San Salvador.
En el juicio en el Juzgado de Sentencia el imputado aceptó voluntariamente haber violado a la víctima, lo que fue corroborado con diferentes pruebas periciales, documentales y testimoniales por parte de la representación fiscal.
Las amenazas eran realizadas a través de llamadas telefónicas, las cuales formaron parte de las pruebas ofrecidas en el juicio que se llevó a cabo en el Juzgado de Sentencia de San Francisco Gotera, las cuales fueron aceptadas para dictar una sentencia condenatoria a 15 años de prisión.
Una de las pruebas que permitió la condena impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque, fue la de ADN obtenido a través de un hisopado vaginal realizado a la víctima, la cual fue positiva.
Los hechos sucedieron en marzo de 2019, en uno de los mercados municipales del municipio de Ayutuxtepeque, donde el implicado visitaba a la víctima, pues ella le ayudaba a su madre a vender productos en dicho establecimiento.
El informe de la Unidad Fiscal Especializada de Tráfico Ilegal y Trata de Personas detalla que los imputados en este caso son José Fabio Estrada Ramos y Francisco Javier Perdomo, quienes fueron acusados por los delitos de Trata de personas Agravada, Violación Agravada y Otras Agresiones Agravadas.
Según las investigaciones fiscales, estas afirmaron que las agresiones iniciaron en el 2011 cuando la víctima tenía 4 años. Fecha en que la madre se acompañó con el imputado