La Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de la oficina fiscal de Mejicanos logró una condena de 131 años de prisión contra un cabecilla de la pandilla 18. Otros 11 pandilleros fueron encontrados culpables por los delitos de Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y condenados a penas que oscilan entre los 3 y los 62 años de prisión.

El detalle de las condenas es la siguiente: Diego Antonio Chavarría Hernández, encargado de la toda la zona de los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque, tribu Columbia Lyro Sayco de la Pandilla 18, fue condenado a 131 años de prisión por los delitos de Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.

Jefry Vladimir Hernández Marroquín, alias Fito, palabrero de la Pandilla (Líder local), fue sentenciado a 62 años de cárcel por Homicidio Agravado, Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.

Carlos Armando Aquino, alias Nini, palabrero de la Pandilla, fue encontrado culpable y condenado a 22 años de cárcel por el delito de Homicidio Agravado.

Ricardo Antonio Argueta, alias Zancudo, y Nelson Ulises Guzmán, alias Pato, fueron condenados a 19 años de cárcel por los delitos de Agrupaciones Ilícitas y Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio.

Ever Jonathan García, alias Roque, Vilma del Carmen Fuentes Sánchez, Gerson Moisés Sandoval Cortez, alias Chuky, fueron sentenciados a 5 años de prisión cada uno, por el delito de Agrupaciones Ilícitas.

Edicardo Salvador Galán, Arnoldo Soriano Iraheta, Rafael Ernesto Callejas y José Santiago fueron condenados a tres años de cárcel por el Agrupaciones Ilícitas.

Según las investigaciones, todos los implicados opera en los municipios de Mejicanos y Ayutuxtepeque, al norponiente de la capital, quienes habrían cometido los ilícitos en mención desde el año 2016 al 2019 en diferentes colonias de dichos municipios.

El Juzgado Especializado de Sentencia “C” de San Salvador validó toda la investigación fiscal basada en prueba científica, la que demostró que los imputados pertenecían a una estructura criminal bien organizada y operaban con cadenas de mando y funciones específicas para cada miembro.