El Fiscal del caso de la Unidad de Vida explicó que, según el relato de los hechos, el crimen lo cometieron el 20 de noviembre del año 2018 en la colonia La Fabulosa del municipio de Santa Rosa de Lima.
En el juicio, en el Juzgado de Sentencia de la cabecera departamental de Cuscatlán, el incriminado aceptó su culpabilidad voluntariamente, por lo que fue condenado a 10 años de cárcel.
Óscar Alexander Delgado Ayala recibió 11 años de cárcel y Gabriel Ernesto Platero Dueñas 8 años. Los hechos sucedieron en septiembre de 2019.
Cuando la víctima detuvo su marcha, Antonio Ramos y Osegueda Márquez lo atacaron con un corvo hasta causarle la muerte. Los imputados fueron capturados con órdenes administrativas el 7 de septiembre del año 2020.
Las víctimas residían en el caserío El Ceretal, cantón Platanares del municipio de Suchitoto. El juez decretó prisión provisional a los imputados.
La Fiscal del caso de la Unidad de Patrimonio de la oficina de Cojutepeque explicó que los incriminados recibieron dinero exigido a través de amenazas a muerte, a partir del mes de marzo del año 2019.
La audiencia inicial se realizó en el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, departamento de La Paz en donde la representación fiscal planteó el caso por cual están siendo acusados los imputados.
Según los fiscales de la Unidad, las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas por los fiscales en el Juzgado Primero de Sentencia de San Miguel, se comprobó que el imputado cometió el delito de Violación y Agresión Sexual en perjuicio de un menor, entre los años 2014 y 2016.
La Fiscal del caso de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia en Cojutepeque, manifestó que en septiembre de año 2018, la menor fue agredida sexualmente en el municipio de Candelaria, departamento de Cuscatlán.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General de la República; el sentenciado bajo amenazas a muerte exigía US$25.00 mensuales, en el municipio de Concepción Batres, Usulután, hasta que la víctima interpuso la denuncia.
Entre los crímenes que se ejecutaron entre los años 2012 y 2016, está el de una profesora, un taxista, un vigilante privado y el hijo de un miembro de la Fuerza Armada.
Fiscales de la Unidad de Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual en Zacatecoluca, confirmaron que el Tribunal de Sentencia de esta jurisdicción condenó a los pandilleros Fernando Exequiel Carrasco, Edwin Alexander Rauda Laínez, Mario Antonio Hernández Díaz y Nelson Sigfrido Hernández Hernández, por el delito de Extorsión.
Dos pandilleros, que en mayo de 2018 asesinaron a un militar, fueron condenados a 30 años de prisión.
La jefa de la sede fiscal de Santa Ana informó que el sujeto mantenía una relación de noviazgo con la víctima, desde abril de 2018, y producto de esa relación la menor quedó embarazada.
La Fiscal del caso detalló que las pruebas presentadas fueron necesarias para que el Juzgado decretara instrucción en el caso.
La autoridad del Juzgado Cuarto de Instrucción confirmó que Rugamas debe mantenerse en prisión ya que enfrenta otro proceso y bajo ambos no es viable las medidas sustitutivas a la detención.
La vista pública fue instalada en el Tribunal Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, en La Paz, en donde se le impuso la pena de 14 años de cárcel por el delito de Agresión Sexual en Menor o Incapaz Agravada, previsto y sancionado en el artículo 161 del Código Penal.
El jefe de la oficina fiscal de Chalatenango Andrés Amaya manifestó que de los hechos se tuvo conocimiento mediante denuncia interpuesta por la víctima el 02 de mayo de 2020, en la cual dijo que Alas Hernández, no tenía mucho tiempo de haber salido del penal, donde estuvo cumpliendo una condena de 14 años por un delito de Violación.
Uno de los casos se trata del imputado Roger Eduardo Zelaya Ramírez, presentado ante el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, acusado de Extorsión Agravada.
En la audiencia inicial en el Juzgado Primero de Paz, la Fiscal del caso presentó suficientes elementos que corroboraron que el imputado abusó de la menor al interior de un cañal, en uno de los caseríos de San Vicente.
Fuente: D.L.
Ante el incremento al salario mínimo que entrará en vigencia en agosto próximo, e presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, advirtió este martes que las personas que acaparen productos o promuevan información falsa a fin de provocar un alza de precios en productos y servicios, serán sancionados con prisión.