Sindicatos exigen al Fiscal Douglas Meléndez que cumpla la ley
Este día se conoció una petición de antejuicio contra la ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl, fue presentada ante la Asamblea Legislativa y enviada a la Fiscalía General de la República, por los parlamentarios.
Sindicatos exigen al Fiscal Douglas Meléndez que cumpla la ley
Sindicatos exigen al Fiscal Douglas Meléndez que cumpla la ley
Este día se conoció una petición de antejuicio contra la ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl, fue presentada ante la Asamblea Legislativa y enviada a la Fiscalía General de la República, por los parlamentarios.
Los diputados aprobaron dicha solicitud presentada por abogados de la empresa Manejo Integral de Desechos Sólidos (MIDES) por haber revelado información de un contrato de MIDES y la alcaldía de Santa Tecla.
En la solicitud se señala la actitud de la funcionaria durante los ocho días en que los alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador tomaron la decisión de no enviar los desechos sólidos a MIDES.
Según el informe, la ministra habría violado el artículo 320 del Código Penal que dice de la siguiente manera “el funcionario o empleado público o encargado de un servicio público que en el desempeño de su función realizare cualquier acto arbitrario contra las personas o daño en los bienes, o usare de apremio ilegítimos o innecesarios para el desempeño de la función o servicio o permitiere que un tercero lo cometiere, será sancionado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para desempeño del cargo por el mismo tiempo”.
Los abogados de MIDES sostienen que Pohl habría incumplido la normativa expuesta en el programa Diálogo con Ernesto López.
En el espacio televisivo, la ministra afirmó que fue a Colombia y llevó una copia del contrato privado entre la empresa y las alcaldías. Además una empresa lo habría revisado y catalogó como un “contrato leonino y digno de enmarcar en el museo del terror”.
Los parlamentarios actuaron de conformidad a los artículos 120 y 121 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.
El articulo 120 sostiene que “Toda persona tiene el derecho de denunciar, ante la Asamblea Legislativa, la Fiscalía General de la República o el Tribunal competente, los delitos cometidos por los funcionarios mencionados en el artículo anterior y mostrarse como parte acusadora, si tiene las cualidades exigidas por la ley”.
