En las últimas horas se instaló la vista pública contra 38 miembros de una estructura criminal que operaba en el centro de San Salvador y Sonsonate, acusado de diferentes delitos como: extorsión, tráfico de drogas, conspiración en homicidio, agrupaciones ilícitas y homicidio.

Los miembros de la pandilla cometían los diferentes delitos en la capital y el municipio de Nahuilingo, según la investigación que inició el año 2018.

El representante fiscal del caso detalló que los pandilleros obligaban a trabajadores de la zona a pagar una cuota semanal o mensual de hasta $100 a cambio de permitirles trabajar en la zona y de no atentar contra sus vidas.

“Los montos eran variables en función de la zona y variaban entre $20 semanales hasta $100 mensuales”, dijo el fiscal.

Parte del dinero era enviado a los corredores de la zona y era utilizado para comprar inmuebles, armas, drogas y otros utensilios para continuar delinquiendo en la zona.

Para comprobar los cargos se utilizaron herramientas como escuchas telefónicas, las cuales sirvieron para evitar que se concretaran los asesinatos contra las víctimas y además de individualizar quiénes cometieron los delitos que se les imputan.