Honduras ha anunciado la construcción de una megacárcel con capacidad para 20.000 reclusos como parte de un amplio plan de emergencia en seguridad para combatir la creciente criminalidad. La presidenta Xiomara Castro, junto al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), presentó el "plan de solución contra el crimen" en una cadena nacional de radio y televisión, respondiendo a las demandas ciudadanas frente al incremento de la violencia.

El jefe militar, Roosevelt Hernández, especificó que el Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) se ubicará en una zona despoblada entre Olancho y Gracias a Dios, donde se trasladarán de manera inmediata los reclusos actualmente en el sistema penitenciario nacional. Actualmente, unas 30 cárceles albergan a aproximadamente 21.000 internos en Honduras.

El plan también incluye medidas adicionales, inspiradas en estrategias implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reconocidas por su efectividad contra las pandillas. Bukele ha compartido estas estrategias con la presidenta Castro y otros funcionarios hondureños durante su segundo mandato.

Además, el ministro de Defensa, Manuel Zelaya, anunció la próxima licitación de una cárcel en las Islas del Cisne para 2.000 reclusos, situadas en el Caribe hondureño. La gobernante y su equipo también han instruido a las fuerzas militares y policiales para realizar intervenciones urgentes en municipios con alta incidencia criminal, abordando delitos como sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos.

Además, se intensificarán las operaciones para localizar y desmantelar plantaciones de cocaína, marihuana y centros de procesamiento de drogas, en un esfuerzo por recuperar el control de áreas ocupadas por estructuras criminales en colonias y barrios.

Este enfoque surge en respuesta a décadas de Honduras como un punto clave en la ruta del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, enfrentando desafíos crecientes desde la detección de plantaciones y laboratorios locales desde 2017.