Con varios meses de retraso los diputados de la Asamblea Legislativa dieron la tarde del viernes los votos, casi de manera unánime para elegir a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicica (CSJ) los cuales estarán al frente de la institución hasta noviembre de 2027.

Los legisladores señalaron que dicho estancamiento no se trató de la distribución de partidas partidarias, sin embargo, en la votación algunos diputados optaron por votar en contra de estos.

Aldo Enrique Cáder Camilot, quien va como propietario, tiene 46 años de edad y actualmente en intendente de investigaciones de la Superintendencia de Competencias de la República, cargo que desempeña desde 2009. Tiene una licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad “José Simeón Cañas” (1996).

En 1997 formó parte de la Sala de lo Constitucional como colaborador jurídico en el área de Amparos donde trabajó 9 años. Tiempo después saltaría al cargo de coordinador en el área de inconstitucionalidades hasta fungir como secretario de esa misma instancia. Ha sido catedrático de Derecho Procesal Civil en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) y en la UCA.

Carlos Sergio Avilés Velásquez, tiene 56 años de edad, y se desempeña como propietario del Tribunal de Ética Gubernamental y  fue propuesto por el Consejo Nacional de la Judicatura (CSJ) . Tiene diplomados en el tema de derecho internacional de los derechos humanos. Dentro de su experiencia laboral ha sido asesor jurídico de investigación desde 1995 hasta el 2000, esto lo llevó a ser colaborador jurídico en la Sala de lo Constitucional de la CSJ, trabajo que desempeñó hasta el hasta el 2010.

Fue nombrado como miembro de la Junta Directiva del Consejo de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) así como también del Instituto Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (ISNA). Fungió como magistrado suplente de la CSJ durante 2012 hasta el 2018.

Se graduó de Ciencias Jurídicas en la Universidad Alberto Masferrer y cuenta con un diplomado en Derecho internacional de los Derechos Humanos. 

Carlos Ernesto Sánchez Escobar fue magistrado suplente en la CSJ en los periodos del 2015, cargo que desempeña hasta la fecha. Fungió como segundo magistrado de la Cámara Primero de lo penal de la primera sección del centro, así como de la cámara cuarta en Santa tecla. Su experiencia en las leyes lo llevó a desempeñarse como juez del tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador y en la cámara Cuarta de lo penal en el departamento de Sonsonate.

Cuenta con un master en Administración de Justicia Penal otorgado por la Universidad nacional de Costa Rica y es graduado en ciencias jurídicas de la Universidad de El Salvador (UES).

Marina Marenco de Torrento fue propuesta por la Federación de Asociaciones de abogados de El Salvador (FEDAES) y por 19 años estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (FGR) en las áreas jurídicas, civil, comercial, adopción, custodia de menores y fue jefa del departamento jurídico.

Juez propietaria del juzgado Segunda de familia de San Salvador así como también en el departamento de Santa Ana desde 1994 hasta el 2001; llegó a ser magistrada suplente de Cámara de familia y a ser parte del Consejo de la Judicatura en 2016.

Dentro de su trayectoria académica, cuenta con una maestría en gerencia pública y justicia y seguridad otorgado por el Instituto de Investigación Ortega Gassett, en España. Es graduada en ciencias jurídicas de la UES.

Roberto Carlos Calderón Escobar fue propuesto por el CNJ y se desempeña como juez Décimo de Instrucción de San Salvador desde el 2016; así como juez del tribunal de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena y en el juzgado décimo de paz en San Salvador lo cual lo llevó hasta el juzgado especializado desde 2007 hasta el 2012.

Se convirtió en agente auxiliar del fiscal general de la república en la unidad de protección de la propiedad intelectual desde 1998 hasta 2003. Fue nombrado como miembro de la Asociación de jueces y magistrados de El Salvador y de la Asociación de jueces de paz.

Se convirtió en capacitador en seminarios especializados en derecho de propiedad intelectual, moral y patrimonial. Se graduó como licenciado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer y fue juramentado como abogado y notario.

Cuenta con un diplomado en derecho internacional de los Derechos Humanos y con una maestría judicial. Así como un postgrado en derecho constitucional y un seminario en acceso a la información pública en poder de los tribunales.