El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor inició procedimientos sancionatorios contra 10 empresas tras admitir “sendas denuncias” por alzas injustificadas en el precio de los alimentos.

Entre los procesados está una cadena de supermercados, así como tres proveedores de productos lácteos y seis comercios de fertilizantes, insumos agrícolas e insecticidas.

Según la Defensoría del Consumidor, estos comercios obstaculizaron las funciones de la institución durante las inspecciones o se negaron a suministrar datos requeridos al detectar alzas injustificadas en los precios.

“A los proveedores les fue requerida información relativa a productos importados, inventarios, compras y ventas hasta finalizar la comercialización de inventarios”, pero no todos cumplieron con los requerimientos de la Defensoría del Consumidor, señaló la institución en un comunicado.

Tanto el alza injustificada de precios como negarse a entregar información u obstaculizar inspecciones, son sancionadas con multas de hasta 500 salarios mínimos, según la Ley de protección al consumidor.

La Defensoría del Consumidor recordó que ha establecido mecanismos con la Fiscalía General de la República (FGR) para acompañar los operativos de inspecciones.