Tras qué presidente de la República, Nayib Bukele, recibiera en Casa Presidencial a representantes de las víctimas de la masacre del Mozote, se comprometió a invertir en esa zona del departamento de Morazán y a no apoyar ninguna Ley de Amnistía que deje fuera las victimas de la masacre de El Mozote que fue cometida por el ejército en 1981.
Las personas representantes de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de El Mozote expresaron al mandatario sus necesidades. “El Mozote va a ser un ejemplo de desarrollo, vamos a invertir realmente como se debió haber hecho anteriormente y demostraremos que si se puede”, dijo Bukele.
Nayib Bukele fue uno de los principales opositores al intento de aprobación de la nueva Ley de Reconciliación Nacional, que tuvieron los diputados antes de la entrada del nuevo Gobierno.
Los diputados desistieron de la aprobación de dicha ley, debido a las diferentes inconformidades ocasionadas.
Recientemente la Comisión Política acordó en reactivar la subcomisión que estudia la nueva Ley de Reconciliación Nacional.
Nuevamente será sometida a discusión, diferentes bancadas presionaron fuertemente para que esta fuera aprobada, pero a último momento se quedó sin el respaldo necesario.
Previo a la última Sesión Plenaria durante el mandato de Salvador Sánchez Cerén los diputados de la comisión no lograron dictaminar para someterla a votación. Los 10 diputados de GANA, al menos 10 diputados de Arena, dos del PCN, uno del PDC, el diputado Juan José Martel y Leonardo Bonilla dijeron que no apoyarían el anteproyecto.
Dicho anteproyecto de ley ha generado diversos cuestionamientos e inconformidades. El presidente electo, Nayib Bukele, ha sido uno de los principales detractores. .
Entre los cuestionamientos figuran es que se está protegiendo a más a los victimarios y se deja de lado a las víctimas del conflicto armado.
También, el documento ha recibido señalamientos que se está omitiendo la posibilidad que los culpables de haber cometido crímenes en el periodo del conflicto armado sean enviados a prisión y sean sustituidos por trabajos de beneficio público. Esto según cuestionamientos de los mismos diputados que conformaban la subcomisión. Además, afirman que se intenta aprobar una ley de amnistía disfrazada.
Esta busca sustituir a la que se aprobó en 1993 y que fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2016.
