La estrategia de seguridad implementada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ha logrado lo que en 30 años no consiguieron los fracasados planes gubernamentales de los partidos ARENA y FMLN: acabar con el asedio de las pandillas a los empresarios del transporte público de pasajeros.

Por décadas, los propietarios de buses y microbuses se vieron obligados a entregarles a las pandillas por año entre $12 millones y $34 millones en concepto de extorsión (ver gráfico); adicional a ello, los transportistas debían entregarles a las maras grandes cantidades de dinero por «aguinaldo navideño» al cierre de cada año.

La negativa de los empresarios de no cancelar montos millonarios a los pandilleros se tradujo en el asesinato de motoristas, cobradores, despachadores de línea y empresarios. También conllevó a la quema unidades y hasta generar afectaciones colaterales en perjuicio de miles de usuarios, incluso siendo víctimas circunstanciales en ataques armados provocados por las pandillas.

A eso se suma la delincuencia común como el raterismo. Exigían «en nombre de grupos terroristas» dinero a conductores de las unidades o simplemente las abordaban para despojar a los pasajeros de sus pertenencias. Ese era el pan de cada día al que estaban expuestos miles de salvadoreños.

Al hacer un balance general de las condiciones actuales, los transportistas consideran que el cambio es evidente, pues, en relación con las extorsiones, aseguran que han sido erradicadas en 95 %; aunado a ello, afirman que este año no han tenido exigencias de mareros por pago de «aguinaldo navideño», como solía suceder en los años anteriores.

El monto que cada ruta debía pagar a los mareros variaba, pues en uno de tantos casos la Fiscalía General de la República (FGR) logró la condena de 20 años de cárcel para un pandillero que exigía $600 mensuales a un transportista a cambio de no atentar contra su vida y la de sus empleados.