Multan a 23 proveedores por obstruir investigaciones por alza injustificada de precios

Multan a 23 proveedores por obstruir investigaciones por alza injustificada de precios

La Defensoría del Consumidor, a través del Tribunal Sancionador impuso $ 94,174.20 en multas a veintitrés proveedores en los diferentes eslabones de la cadena de suministro de productos de la canasta básica, fertilizantes e insumos agrícolas, tras comprobar que obstaculizaron las labores de inspección de la institución, que investiga la práctica abusiva de incrementos injustificados de precios.

Los proveedores infractores que van desde importadores, productores, distribuidores, comercializadores hasta puntos de venta final a los consumidores fueron sancionados por obstaculizar las investigaciones de la Defensoría del Consumidor o por no remitir la información requerida en el ejercicio de sus funciones, contrario a lo dispuesto en la Ley de Protección al Consumidor (LPC).

Entre los proveedores multados se encuentran agroservicios, ferreterías, droguerías, agroveterinarias, venta de lácteos y distribuidores de productos alimenticios y bebidas.

«Obstaculizar las funciones de información, vigilancia e inspección de la Defensoría del Consumidor o negarse a suministrar datos e información requerida en cumplimiento a tales funciones», es una infracción muy grave, al incumplir la obligación de proporcionar la información solicitada, de conformidad con los arts. 7, literal h) y 44 literal f, de la LPC.

Como parte de la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de las medidas de alivio económico impulsadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, la Defensoría del Consumidor requirió información sobre los productos importados, inventarios, compras y ventas a partir del 31 de diciembre de 2021, hasta finalizar la comercialización de inventarios de los productos de la canasta básica, fertilizantes e insumos agrícolas. Cumpliendo el debido proceso, los proveedores contaron con diez días hábiles para hacer entrega de la información, plazo que se agotó sin que acataran las disposiciones legales.

No obstante que las multas se encuentran firmes en sede administrativa, los proveedores sancionados tienen derecho a recurrir ante la instancia judicial correspondiente.

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