Gobierno mantiene medidas de alivio económico que posicionan al país con la menor tasa de inflación en la región

Gobierno mantiene medidas de alivio económico que posicionan al país con la menor tasa de inflación en la región

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue protegiendo la economía de los salvadoreños a través de la aplicación de las medidas ante la inflación.

Dichas disposiciones están comprendidas en un marco jurídico que por 11 meses han evitado un golpe directo al bolsillo, y el cual comprendió la suspensión temporal de la contribución especial para la estabilización de tarifas del servicio de transporte público (COTRANS por $0.10), la suspensión temporal del cargo a la cuenta especial de estabilización y fomento económico (FEFE, equivalente a $0.16), y la Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la comercialización de productos derivados del petróleo; y se mantiene vigente a través de la Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos y las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.

Las acciones comprendidas en estas normativas han permitido que, a la fecha, El Salvador continúe siendo el país con menor tasa de inflación de Centroamérica (con un 7.03 %), sostuvo el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.

“𝘚𝘰𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘪́𝘴 𝘦𝘯 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰𝘢𝘮𝘦́𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳 𝘵𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘊𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘙𝘪𝘤𝘢, 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 18.45 %; 𝘏𝘰𝘯𝘥𝘶𝘳𝘢𝘴, 16.16 %; 𝘕𝘪𝘤𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢, 15.74 %, 𝘺 𝘎𝘶𝘢𝘵𝘦𝘮𝘢𝘭𝘢, 13.32 %”, detalló el funcionario. “𝘌𝘴𝘵𝘰 𝘦𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘢𝘴 11 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘥𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘭𝘪𝘷𝘪𝘰 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰́𝘮𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦”, acreditó.

Las disposiciones han tenido efectos sobre el valor de los combustibles; además implican el despliegue de inspectores en embarcaciones y gasolineras; mantenimiento del subsidio al gas propano; inspecciones para garantizar el precio establecido en las unidades de transporte público; la suspensión de aranceles de importación a 20 productos básicos y la agilización de la autorización a proveedores para la importación de productos alimenticios.

En apego a las leyes, la Defensoría hace monitoreos y vigilancia de los proveedores. De acuerdo con Ricardo Salazar, solo en el 2022 se hicieron más de 144,000 verificaciones y este año ya son más de 4,500, y estas abarcan a los diferentes agentes de la cadena de suministros en una tarea articulada con otras instituciones del Gobierno que permiten alcanzar el mercado de los hidrocarburos y de los productos derivados del petróleo como el gas propano, garantizando el respeto de los consumidores.

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