Por Irma Cantizzano

La agencia proyecta una fuerte contracción de la economía, una drástica caída en la recepción de remesas y una baja en los ingresos fiscales.
La calificación de riesgo de El Salvador tiene cinco años de haber caído de BB a B (grado altamente especulativo) y en 2017 llegó a B-, catalogado como "bono basura".

Pero ahora, en plena pandemia, la perspectiva estable que acompañaba esa calificación ha sido degradada. La agencia calificadora Fitch Ratings publicó ayer un cambio en la perspectiva de deuda del país, de B- "estable" a B- "negativo". Según el informe, ese cambio significa "el deterioro en las métricas de sostenibilidad de la deuda como resultado de la ampliación del déficit fiscal y la contracción económica".

La calificadora explicó que proyecta una fuerte contracción de la economía, en torno al 4.8 %, una drástica caída en la recepción de remesas que rondaría el 20 % y que incidiría en la demanda interna, y una baja del 15 % en los ingresos fiscales.

Fitch hizo énfasis en el gasto estatal para afrontar la pandemia, que ronda 3.5 % del PIB ($1,000 millones) y llevaría a un déficit mayor al 10.5 %. "La deuda del gobierno está proyectada en un 85 % del PIB en 2020, mucho más alta que el promedio actual (de los países que mantienen una calificación de B).

El interés que se debe pagar por esa deuda también es alto, llegando al 20 %... y ambos datos siguen aumentando", señaló el informe.

La agencia prevé que para 2022 la deuda llegue al 90 % del PIB, es decir, de cada dólar que se produzca se deberá 90 centavos. 

Ricardo Castaneda, economista sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), señala que estos cambios obedecen al "desorden" a la hora de anunciar las necesidades de endeudamiento, algo que pone nerviosos a los inversionistas.

"Primero solicitaron $2,000 millones, después $5,000, luego bajaron a $3,000 (por los $1,000 millones nuevos solicitados para el plan de apoyo al empleo)", refiere, y añade que no hay un plan que especifique para qué se emplearán y cómo se pagarán esos fondos.

Por otra parte, la calificadora señaló que las opciones de financiamiento en el mercado local son limitadas. "El gobierno casi ha aprobado el límite superior legal de $1,500 millones en deuda de Letes a corto plazo con casi $500 millones agregados hasta la fecha. También ha emitido casi $500 millones en Cetes a un año en el mercado local".