El Juzgado 3° de Paz de San Salvador recibió el martes la apelación a la resolución emitida por el juzgado en contra del ex ministro de Seguridad, Mario René Figueroa, acusado de lavado de dinero y de activos.
El pasado 7 de octubre, el juez ordenó a Figueroa que pagara una caución económica de 50 mil dólares, para obtener el arresto domiciliar.
Dicho escrito fue presentado por los abogados defensores de Figueroa: Carlos Roberto Flores Samayoa, Miguel Arturo Girón Flores, Salvador Morales y Francisco Jiménez. Los abogados solicitan que en lugar del arresto domiciliar y la caución económica, le decreten a su defendido otras medidas sustitutivas a la detención provisional. Cabe señalar que Figueroa ya canceló al Ministerio de Hacienda los 50 mil dólares de fianza.
Figueroa quien fue ministro de Seguridad en el período presidencial de Elías Antonio Saca, es acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de no haber justificado un incremento patrimonial de 3 millones 39 mil 798 dólares, datos según los análisis financieros realizados por el Ministerio Público.
Además, el fiscal del caso agregó que Figueroa habría recibido dinero de parte de la Sociedad Radio Difusión de El Salvador, de la cual el ex presidente Antonio Saca cometió el ilícito de peculado, trasladando dinero de la presidencia a dicha radio, el monto que recibió fue de 1 millón 900 mil dólares; ese dinero fue utilizado para la compra de inmuebles, compra de certificado de depósito a plazo, pago de créditos anticipado, entre otros.
La FGR rechazó el arresto domiciliar por lo que esta mañana, presentó al Juzgado la solicitud para revocar la resolución. Y en su lugar, que se emita la orden de detención provisional contra Figueroa.
“La Fiscalía está en desacuerdo con la decisión tomada ya que consideramos que se cuentan los indicios suficientes para acreditar tanto existencia del delito como participación delincuencial”, explicó el Fiscal del caso.
“Acreditar el peligro de fuga que se corre en este tipo de delitos por su complejidad y las particularidades propias del caso”.
Dicho recurso de apelación será enviado a la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador, después de notificar a la Fiscalía General de la República (FGR). La Cámara será quien examine el recurso y quien decida si es admisible o no la apelación.
