La Fiscalía General de la República (FGR) ha realizado este día la materalización de 61 propiedades adquiridas con fondos públicos por parte de exfuncionarios  del expresidente Mauricio Funes, quien es acusado por el desvío de 351 millones de dólares durante su gestión, entre 2009 y 2014.

Las propiedades incautadas relacionadas al caso “Saqueo Público” y cuyo valor asciende a $1.3 millones son de Manuel Arturo Ayala, ex director ejecutivo de CAPRES y David Marciano Rivas, exsecretario de Comunicaciones, quienes son parte de la red que supuestamente ayudó a Funes a desfalcar $351 millones desde la Presidencia.

De Marciano Rivas 4 inmuebles, 2 vehículos y 4 productos finacieros, por un valor aproximado de $800,000.00. Mientras que de Manuel Arturo Ayala Orellana: 5 inmuebles, 3 vehículos, por un valor aproximado de $ 500,000.00.

Entre otros bienes inmuebles intervenidos se encuentran empresas, locales comerciales, una hacienda, viviendas y una casa en Chile. Entre las empresas materializadas se encuentran Latin American Spa; Cosase; Merpinsa y Mecafé.

Las propiedades se encuentran bajo los nombres de las siguientes personas, entre ellas, familiares y empleados de confianza del ex mandatario:

Juan Carlos Guzmán Berdugo, Ada Luz Sigüenza, Ada Michel Guzmán Sigüenza, Luis Miguel Ángel García, Manuel Rivera Castro, Joaquín Eduardo Cárdenas, Ana Elizabeth Coto, José Armando Escobar Barillas.

Según la Fiscalía, la materialización es parte de las 85 propiedades que han sido detectadas en la apertura de la investigación que se realiza en contra del expresidente Funes.

David Rivas fue Secretario de Comunicaciones de Casa Presidencial. Se ha vinculado con actividades ilícitas de lavado de dinero y se identifica un incremento patrimonial. Y a Manuel Arturo Ayala se le vinculó los bienes con actividades ilícitas de lavado de dinero y peculado. Ambos beneficiarios de la extracción de fondos reservados de Casa Presidencial.

Todos los bienes incautados pasarán provisionalmente a propiedad del Estado, por medio de la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, bajo la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB)