Organizaciones sociales denuncian que su candidatura en inconstitucional porque Carlos Calleja es concesionario de Estado salvadoreño, es decir, es accionista de un bien público para la generación de energía con gas con la empresa Energía del Pacífico (EDP), instalada contiguo al puerto de Acajutla.

De acuerdo a los reglamentos de la constitución, artículos 152 y 157, ningún concesionario del Estado puede optar por ser candidato a ningún cargo público.

Esta acción, ser accionista de empresas, es prohibido ya que puede haber intereses de dar prioridad o enriquecer sus empresas durante su gobierno, así como pasó en el caso de Tony Saca, quien terminó confesando que robó más de $300 millones de dólares al Estado salvadoreño y ahora cumple una pena de 5 años de prisión.

La candidatura de Elías Antonio Saca también fue declarada inconstitucional debido a que él también era concesionario del estado, en este caso con las frecuencias radiales de Grupo Radial Samix.

Según la organización que interpone la demanda, la información de que Carlos Calleja es concesionario del Estado por medio de la empresa EDP, la confirmó el Banco Mundial ya que dicha empresa ha solicitado un préstamo de $800 millones de dólares para emprender sus planes empresariales.