La propuesta entregada por el Fiscal General, al presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, busca que con los nuevos delitos y las fuertes condenas solicitadas se castigue a los culpables de desaparición de personas. La enmienda cuenta con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).

Ante esto los jefes de las unidades de vida de las oficinas fiscales a nivel nacional son capacitados sobre el Protocolo de Acción Urgente para activar en la búsqueda de personas desaparecidas.

A fin de dar solución a las madres y familias desesperadas, las familias, no pueden esperar más y creo que todos debemos de unirnos en este esfuerzo, hay que trabajar juntos y de manera urgente porque las familias esperan respuestas y cada persona cuenta”.

La estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, cumple con el objetivo de desarrollar un esquema de planificación, y con ello contribuir, a un abordaje mucho más eficiente de todos los casos que atenten contra la libertad personal, la ruta que se plantea por medio de la estrategia, permitirá determinar las actuaciones que pueden ser desplegadas y las instituciones que se involucran para lograr la ubicación de la víctima.

Durante la entrega del documento Mónica Mendoza, directora UNODC, hizo un llamado a la unidad estatal para aprobar las reformas penales que buscan penalizar la desaparición de personas, las cuales contempla condenas que van de 20 a 45 años de prisión para castigar el mencionado delito.