Las peticiones de indulto han sido denegadas desde la instalación de la nueva Asamblea Legislativa —el 1.º de mayo de 2021— en concordancia con la ejecución del Plan Control Territorial (PCT), impulsado por la administración Bukele desde junio de 2019, al iniciar su mandato.

Rebeca Santos, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la comisión de justicia y derechos humanos del congreso, sostuvo que los rechazos a las peticiones de indulto «están en plena sintonía con los esfuerzos del Gobierno por erradicar la violencia y la criminalidad en el país, [así como] que los privados de libertad con una sentencia firme permanezcan en prisión cumpliendo su condena».

A los esfuerzos del Ejecutivo con el PCT —medida que ha permitido recuperar territorios en manos de pandillas y asestar duros golpes al crimen—, se suma el régimen de excepción, vigente desde el 27 de marzo, una figura contemplada en la Constitución de la República con la que se han logrado la captura de más de 59,000 pandilleros y más de un centenar de días sin homicidios a escala nacional.

Los diputados del nuevo parlamento encontraron una serie de vacíos en diferentes cuerpos de legislación, con la que se podía evadir la justicia.

El indulto era una de las figuras para perdonar la pena y, por ende, una persona condenada podía recobrar su libertad inmediatamente. Sin embargo, este año, con la aprobación de las reformas a la Ley Especial de Ocursos de Gracia se eliminó dicho beneficio para los integrantes de estructuras criminales, los que han cometido delitos contra la administración pública, crímenes de guerra o de lesa humanidad.