La Asamblea Legislativa iniciará hoy el estudio del anteproyecto de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito, Seguridad Vial y Movilidad, que sustituirá a la aprobada y vigente desde octubre de 1995, cuando la presidencia del órgano legislativo la ejercía Gloria Salguero Gross, y Armando Calderón Sol la presidencia de la república, ambos del partido ARENA.

El anteproyecto -enviado por el Ejecutivo la semana pasada- ingresó el lunes a la agenda de la comisión y hoy será explicado públicamente por el viceministro de Transporte, Saúl Castelar, ante los diputados que integran esa mesa de trabajo legislativo.

Una de las novedades de la propuesta es que crea la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial (DMOV), con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, técnica y presupuestaria, y se «relacionará con el Órgano Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas.

La DMOV será la encargada -a partir de la aprobación de la normativa- de toda la organización, planificación, fomento, regulación, vigilancia, supervisión, fiscalización, modernización y control de las diferentes modalidades del transporte público de pasajeros, de carga y «todo lo relacionado a la movilidad, tránsito y seguridad vial». Lo único que no regulará será el régimen ferroviario de carga.

Esa dirección estará conformada por una junta directiva, cuyo presidente será designado por el presidente de la república, y habrá seis representantes, cada uno de ellos designado por los ministerios de Obras Públicas, Economía, Gobernación, Salud, Medio Ambiente y Turismo.

Asimismo, todo el tema de las placas para los vehículos particulares, de carga y colectivo en relación con las medidas, diseño, color y su fecha de vencimiento será establecido por la DMOV, que también tendrá la facultad para permitir «la personalización de las placas», aunque este proceso tendrá un costo distinto, según lo determinen las tarifas del Fondo de Actividades Especiales.

Al igual que en la normativa vigente, la nueva ley regulará el servicio de transporte público de pasajeros, pero habrá cambios sustanciales. Por ejemplo, actualmente las unidades para poder prestar el servicio a la población no deben exceder los 20 años de fabricación, pero la propuesta del Ejecutivo es que «la vida útil de las unidades» no exceda «los 15 años de fabricación