Debido a que el paso de la tormenta tropical Julia sobre el territorio salvadoreño causó diversos estragos, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron, con 82 votos, eximir de todo tipo de impuesto la ayuda humanitaria que ingrese al país, emitidas por personas nacionales, organismos internacionales u organismos multilaterales.
La iniciativa fue presentada ante dicho Órgano de Gobierno por parte del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en el marco del estado de emergencia nacional originado por la tormenta Julia. Este fue decretado por la Asamblea Legislativa el pasado 8 de octubre, en la octava sesión plenaria ordinaria.
“Este tipo de fenómenos vienen con más fuerza y es por eso que como gobierno debemos de estar preparados. La prioridad principal es salvar vidas y empezar la etapa de reconstrucción de la infraestructura perdida”, comentó el funcionario Zelaya, al momento de presentar la pieza ante el presidente de la Comisión de Hacienda, Christian Guevara.
El fin de dicha solicitud, avalada por los legisladores en la sesión plenaria número 76, es ejecutar con eficiencia el traslado de medicamentos, vestuario, alimentos, entre otras donaciones que sean enviadas a El Salvador para poder apoyar a la población de una manera rápida.
Por ello, para facilitar la aplicación de los beneficios tributarios concedidos en este decreto se faculta a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Dirección General Tesorería y a la Dirección General Aduanas para generar circulares, instructivos y resoluciones acorde al detalle de lo aprobado.
Ante este fenómeno natural, la población cuenta con el respaldo de 650 bomberos y 500 elementos operativos desplegados a nivel nacional. Además, hay 67 albergues en todo el país equipados para recibir a los afectados: 12 en La Libertad, 10 en San Salvador, nueve en La Unión, ocho en Usulután, seis en La Paz, cinco en Santa Ana, tres en Chalatenango, tres en Sonsonate, tres en San Miguel, tres en Cuscatlán, dos en Morazán, dos en Ahuachapán y uno en San Vicente.
Esto sin contar los centros de acopio -para recibir alimentos, vestuario y medicamento- que se han instalado en las sedes departamentales de la Asamblea Legislativa.
