La Defensoría del Consumidor (DC) tiene en proceso de aplicación de multa a 40 empresas por haber aumentado precios a productos de la canasta básica alimentaria e insumos agrícolas, sin tener una justificación para hacerlo, y obstaculizar las labores de investigación.

De acuerdo con el reporte de seguimiento a las medidas para paliar los efectos de la inflación mundial, implementadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele, hasta el 18 de julio, de los 40 casos, un total de 35 ya han sido admitidos por el Tribunal Sancionador y los restantes cinco están en proceso de admisión. La multa máxima es hasta 500 salarios mínimos (sector industria y servicios).

El informe detalla que otros 60 casos están bajo investigación por alza injustificada de precios en harinas de trigo, aceites, huevos, productos lácteos, granos básicos e insumos agrícolas, entre otros.

De ese total, 51 procedimientos se encuentran en revisión y otros 9 están a la espera de información por parte de los proveedores; además, indicó que se han girado 155 requerimientos de información por compras, inventarios y estructura de costos a proveedores con exoneración de impuestos a la importación, para verificar que este beneficio sea trasladado a los consumidores.

Asimismo, fueron efectuadas 190 inspecciones a tiendas mayoristas por indicios de incrementos de precios injustificados, las cuales están en proceso de análisis.

El Presidente Nayib Bukele enfatiza en sus instrucciones a todas las instituciones para que verifiquen la estabilidad de precios a los productos de la canasta básica y los insumos agrícolas, con el objetivo de garantizar el bolsillo de la población.

Por ello a partir del 13 de marzo, pasado, lanzó 11 medidas anticrisis para disminuir el impacto de la inflación mundial en la economía salvadoreña, entre las que destacan la eliminación de impuestos de importación a 21 productos alimenticios e insumos agrícolas.

También suspendió los impuestos a los combustibles, conocidos como Fondo de Fomento y Estabilización Económica (FEFE) y la Contribución al Transporte (Cotrans), aprobó un subsidio generalizado y otro focalizado al gas propano de uso doméstico, estableció precios máximos a la gasolina y diésel, mantuvo las tarifas al transporte público y a la energía, entre otras.