La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, tendrá el tiempo que necesite para defenderse de las acusaciones en su contra. El presidente, Lenín Moreno, decidió este lunes liberarla de sus funciones para que enfrente una investigación de la Fiscalía por, presuntamente, haber cobrado a sus colaboradores para acceder a un puesto en su equipo. Uno de los asesores que trabajó con Vicuña en su etapa de asambleísta la denunció, con una declaración juramentada ante notario, por haberle exigido pagos de entre 300 y 1.400 dólares mensuales para tener y mantener su puesto de trabajo.

La vicepresidenta matizó, después del anuncio presidencial, que ella misma había solicitado una licencia sin remuneración hasta el 31 de diciembre para preparar su “legítima defensa” sin que “afecte a la gestión del Gobierno” y con el fin de “no distraer el cumplimiento de las múltiples funciones” que el presidente le encomendó en enero de este año. Entonces, María Alejandra Vicuña fue elegida como vicepresidenta en sustitución de Jorge Glas, que está en prisión por su implicación en el caso Odebrecht.

Sus funciones las asumirá de forma provisional José Agusto Briones, que además sustituirá al anterior secretario general de Presidencia, Eduardo Jurado. Este último también está cuestionado por su participación en una empresa que cobraba seguros a los ciudadanos sin autorización expresa a través de las cuentas bancarias.