El Congreso de Honduras aprobó el jueves una norma que declara la energía eléctrica como un bien público, que permitirá a la presidenta izquierdista Xiomara Castro renegociar contratos con generadoras privadas en su plan para abaratar costos.

La ley, aprobada por mayoría, «reconoce la energía eléctrica como un bien público. Garantiza energía a toda la población. Revisión de todos los contratos leoninos. Cero fideicomisos», dijo el diputado oficialista Fabrizio Sandoval.

La nueva Ley Especial de Energía tiene como objetivo reducir las pérdidas del Estado, revisar y renegociar contratos de compra de energía a generadoras, declara en emergencia el sector, y busca reestructurar la Ley General de Industria Eléctrica aprobada de 2014.

Según detalló el vicepresidente del Parlamento, Hugo Noé Pino, «esta ley fue socializada con empresarios y miembros de sociedad civil y representantes locales». Según el legislador, «todos los sectores coincidieron que el subsector eléctrico es un desastre».

«La ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estatal) se queda bajo dominio público a favor del pueblo, la corrompieron y endeudaron. ¡Vamos a rescatarla!», escribió en Twitter la presidenta Castro.

La norma, propuesta por el poder Ejecutivo al Congreso, plantea que, en caso de un desacuerdo en la renegociación de los contratos, autoriza a «plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado» pagando el «justiprecio» de las plantas.