Cuando Donald Trump puso en marcha la política de “tolerancia cero” en la frontera, la que separó a miles de padres de sus hijos tras ser detenidos, inició un desastre humanitario que aún no ha terminado. Un número aún desconocido de niños fueron separados de sus padres. El Gobierno ha reconocido 2.816. Al menos 471 padres fueron deportados sin sus hijos, que se quedaron en acogida en Estados Unidos. Nadie registró quién era quién o dónde estaban. Han sido las ONG las que los han ido a buscar, en ocasiones a pueblos perdidos de Centroamérica. El pasado sábado, 29 de esos padres llegaron a la frontera de Calexico, California. Contra todo pronóstico, la policía de Aduanas les dejó pasar para pedir asilo. El caso es un precedente extraordinario y una grieta en el muro de dolor creado por las políticas de Trump.

El grupo viajó durante semanas por México. Una ONG de Tijuana llamada Al Otro Lado organizó el viaje. Primero, consiguieron visados humanitarios de México. Asistidos por la abogada Erika Pinheiro, prepararon toda la documentación en Tijuana, Baja California. Eligieron la entrada de Calexico, hacia el interior, por tener menos tráfico. Cuando llegaron a la garita, expusieron su caso para pedir asilo. En ese momento, la vida de los inmigrantes está completamente en manos de los agentes de Aduanas. La negociación duró 10 horas. Alrededor de las cinco de la tarde, los agentes de Aduanas de Estados Unidos decidieron permitir el paso a todo el grupo para presentar sus demandas de asilo.

Se trata de un precedente “extraordinario”, según Sandra Cordero, directora de la ONG Families Belong Together, que estaba allí con ellos. Esta organización surgió de las movilizaciones masivas de 2018 cuando se conoció la política de separación de familias en la frontera. Se recaudaron millones de dólares y Families Belong Together se creó como un paraguas de unas 250 ONG que se dedican a intentar ayudar a estas familias. Al Otro Lado, con sede en Tijuana, se dedicó a buscar los 91 casos más difíciles. Para entonces, un año después de haber sido deportados, algunos se estaban jugando la vida intentando cruzar ilegalmente para volver con sus hijos, según contó Pinheiro a The Washington Post.

Esos casos son padres que “no hablan español o tienen orígenes remotos”, explica Cordero. Gente deportada de vuelta a pueblos sin teléfono o de difícil acceso, que literalmente no saben nada de lo que pasó con sus hijos. En muchos casos, aseguran estas organizaciones, fueron deportados sin saber lo que firmaban. El Gobierno de EE UU lo niega y asegura que a todos se les dio la oportunidad de irse con sus hijos. En algunos casos se trata de personas analfabetas o que no hablan español, por eso los trabajadores de las ONG sobre el terreno aseguran que el Gobierno miente y que es imposible que supieran lo que estaban firmando en inglés cuando aceptaron la deportación sin sus hijos.

“Fueron deportados bajo promesas falsas”, asegura Cordero. “Les dijeron que les iban a reunificar. Todos nos contaron la misma historia, que les dijeron que se iban a reunir con sus hijos. Se encontraron deportados en dos días. Yo conocí a un señor que decía que una persona, diciendo que era del consulado de Guatemala, le dijo después de nueve días incomunicado y separado de su hijo que tenía tres opciones. Que tenía que esperar mes y medio detenido para reunirse con su hijo, o irse a otro centro de detención para reunirse con él, o irse sin su hijo. Él dijo que quería quedarse. Al día siguiente lo despertaron a las cuatro de la mañana y lo devolvieron a Guatemala”.

El viernes por la tarde, Al Otro Lado informó en Twitter de que uno de los padres se había encontrado ya con su hijo después de nueve meses separados. Otros 11 padres habían sido liberados del centro de detención y 17 permanecían detenidos.

Toda la labor de reunir a estos padres con sus hijos no se hace porque el Gobierno de Trump haya admitido ningún error, sino porque lo ordenó un juez de San Diego en junio del año pasado. El mismo viernes, el juez abrió la puerta a que sean reconocidos como posibles casos de separación "miles" de niños recibidos por los servicios sociales meses antes de que se hiciera pública la política de "tolerancia cero". El juez dice que "se desconoce" cuántos padres pueden haber sufrido el mismo destino que los 471 identificados.