Se estancan negociaciones por el TPS y exigen a Biden acción para evitar deportaciones

Se estancan negociaciones por el TPS y exigen a Biden acción para evitar deportaciones

Después de 16 meses de negociaciones, las conversaciones para llegar a un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y los 14 demandantes en el caso Ramos versus Mayorkas -entre ellos salvadoreños- oficialmente han colapsado, informó la Alianza Nacional de TPS, dejando a la deriva a 260,000 personas que podrían ser deportadas.

La demanda fue presentada en 2018 después de que el expresidente Donald Trump intentó revocar las protecciones de las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS, siglas en inglés) de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal.

En ese año, el juez Edward Chen, de la Corte de Distrito del Norte de California en San Francisco, dictaminó que las terminaciones eran ilegales y motivadas por una intención racista. Sin embargo, en septiembre de 2020, un panel dividido de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito anuló la orden del tribunal inferior. Esa decisión aún no es definitiva porque sigue pendiente la solicitud de los demandantes de una nueva audiencia ante el pleno del Noveno Circuito, según la Alianza.

Debido a la no resolución del caso en la Corte, el TPS se prolongó de forma automática con los permisos de trabajo de septiembre de 2021 hasta diciembre de 2022; pero ahora quedan dos meses para su fecha límite y la administración Biden no ha dado ninguna garantía de estabilidad a los beneficiarios.

«Estamos profundamente decepcionados de que la administración Biden haya optado por defender las decisiones de terminación de la era Trump, poniendo así a cientos de miles de familias en riesgo de separación», dijo Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA, que representa a los demandantes. «Hemos pedido al Noveno Circuito en bancada que dictamine que esas terminaciones fueron ilegales. Esto es lo que la ley requiere claramente», manifestó.

«El fracaso de la administración para llegar a un acuerdo para resolver nuestro caso es desgarrador para todos nosotros. Pero no abandonaremos la lucha para mantener a nuestras familias seguras y juntas», aseguró.

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