Cristina Fernández de Kirchner tuvo una mañana de lunes muy agitada. El juez Claudio Bonadio citó a la expresidenta para que declarara en una sola jornada en ocho causas por presunta corrupción durante su Gobierno. Fue un récord sin precedentes en los tribunales federales argentinos, un hito que Kirchner destacó en un escrito en el que se consideró víctima de “una suerte de función de cine continuado”. El maratón judicial nació todo de un mismo expediente, el de los “cuadernos de la corrupción”, como llaman en Argentina a los apuntes de un chófer del poder que reveló sus presuntos viajes con dinero negro. De esa causa madre se han desprendido muchas otras, gracias al testimonio de empresarios vinculados a la obra pública y altos funcionarios arrepentidos. Fernández de Kirchner está involucrada en todas ellas, acusada de liderar una asociación ilícita para recaudar dinero sucio a través de sobornos.

La declaración de la expresidenta argentina no duró las largas horas que se esperaba. Sus abogados la acompañaron temprano a los tribunales, pero resolvieron el asunto en solo dos horas, con un mismo escrito para todas las acusaciones. Los textos fueron una suerte de manifiesto político, en los que Fernández de Kirchner usó la ironía para referirse a las acusaciones que enfrenta y cargó contra jueces, fiscales y periodistas. Así, la causa de los cuadernos fue para ella “la causa de las fotocopias”, una alusión a que nunca se encontraron los textos originales escritor por el chófer Óscar Centeno. En otro pasaje, se mofó de la cantidad de empresarios arrepentidos que se han sumado a la investigación. Todos ellos han confesado el pago de sobornos, pero con el argumento de que estuvieron obligados por las circunstancias.

El juez incluyó en su acusación, dijo Fernández de Kirchner, “a un grupo de funcionarios y algunos empresarios y benefició al resto de los hombres de negocios, quienes dieron a entender que fue nuestro Gobierno el que les enseñó a cartelizarse en la obra pública y que pagaron por haber sido víctimas de coacción”. Todos los arrepentidos reconocieron que durante el kirchnerismo formaron un cartel para inflar costos y pagaron sobornos a cambio de millonarios contratos de infraestructura. Entre los involucrados están los empresarios más importantes del país, incluido un primo del presidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra.

La variedad de delitos confesados terminó por crear una red de expedientes de la que Fernández de Kirchner trata de salir. Bonadio investiga ahora pagos de sobornos en obras viales y ferroviarias, en subsidios a empresas de autobuses y hasta en la importación de gas licuado. En otras más llamativas, el juez estudia el hallazgo durante un allanamiento de documentos históricos sin declarar o el uso del avión oficial para trasladar periódicos del día a la Patagonia durante el descanso presidencial del fin de semana. “Jamás, ni Néstor Kirchner ni la suscripta, utilizamos los bienes del Estado en nuestro propio provecho o fuera de lo que importaba el cumplimiento de funciones oficiales”, dijo la expresidenta en su escrito al juez.