Crucifijos, estampitas de la virgen de la Merced, del papa Francisco y carteles con el mensaje "Salvemos las dos vidas" la de la madre y la del feto decoran hospitales, escuelas, taxis, farmacias y otros negocios de San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina. En un hospital a las afueras de esta capital provincial, el pasado 29 de enero ingresó una niña de once años embarazada de 21 semanas. Se la conoce como Lucía para proteger su identidad. Contó que su abuelastro la había violado y expresó un deseo tajante: "Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo".

La ley la amparaba, pero el Gobierno tucumano tardó cuatro semanas en ordenar la interrupción de su embarazo y solo actuó cuando recibió un oficio judicial. Ya era demasiado tarde: los médicos dijeron que existía riesgo para su vida y le practicaron una cesárea. La bebé, concebida por su violador, de 65 años, pesaba 660 gramos al nacer. La llamaron Faustina. Murió a los 10 días.

La intervención quirúrgica se realizó en la noche del 26 de febrero, mientras medio centenar de personas protestaba a las puertas del Hospital del Este Eva Perón. El arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, había instado horas antes a los fieles a custodiar la vida de la niña (cuyo nombre real reveló, en violación de la ley) y "del bebé por nacer". Cuando murió, los médicos que la operaron fueron denunciados por homicidio.

"Faustina luchó por su vida durante 10 días. Una niñita de 21 centímetros, de 660 gramos, murió desnuda y solita en una incubadora y queremos que su muerte no sea en vano. Por eso nos hemos reunido un grupo de médicos y abogados para ver qué podemos hacer", asegura Mara Mockevich, una de las letradas querellantes. "No estamos hablando de aborto sino de homicidio, porque penalmente el aborto es la muerte del feto y esta niña nació viva. Debido a la extrema prematurez a la que fue obligada a nacer es que murió", subraya. Niega también que la vida de Lucía estuviese en peligro.

En la "Marcha por la Vida" celebrada el pasado sábado en San Miguel de Tucumán, la columna de abogados levantaba carteles de "Justicia por Faustina". La concentración reunió a miles de personas ataviadas con pañuelos celestes, el color que identifica a los detractores del aborto en Argentina. Imágenes religiosas y leyendas a favor de las dos vidas se mezclaron con proclamas contra la ley de educación sexual integral y el misoprostol, el medicamento usado para los abortos farmacológicos.

El matrimonio de tocoginecólogos José Gijena y Cecilia Ousset, que practicaron la cesárea, confían en que la acusación no prospere. En una carta abierta, argumentaron haber actuado "a pedido de las autoridades" en cumplimiento de "las normas legales vigentes".

Desde 1921, en Argentina el aborto es un delito penado con cárcel excepto en casos de violación y riesgo para la salud de la madre. En 2012, el fallo F.A.L. de la Corte Suprema ratificó la despenalización para toda víctima de abuso sexual. Pero el derecho de esas mujeres a una interrupción legal del embarazo no está garantizado en el norte del país.