El Título 42, la política que bloquea el acceso de los migrantes a Estados Unidos, llegó a su tercer año en vigencia con la deportación de 2.7 millones de personas en la frontera con México. La medida se aplicó a partir del 20 de marzo de 2020 para detener la proliferación de la COVID-19, de acuerdo a lo que justificó el Gobierno a través de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés). 

El director de políticas en el Consejo de Inmigración Estadounidense, Aaron Reichlin-Melnick, reconoce al Título 42 «como la política de pandemia que permitió a Estados Unidos, por primera vez, simplemente “expulsar» a personas a otro país sin darles derechos». 

La iniciativa surgió en la administración del republicano Donald Trump, pero el Gobierno de Joe Biden, que aseguró defender a la comunidad migrante, la prolongó y amplió a más nacionalidades, frenando la posibilidad de asilo para miles de familias que huyen de países en crisis políticas y sociales. 

A mediados de febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que el caso del Título 42, en el que se debatía si eliminarlo o no, «fue retirado del calendario de argumentos de febrero de 2023», luego de que el Departamento de Justicia aseguró ante el Tribunal que una vez se deje sin efecto las declaraciones de emergencia nacional y de salud por la pandemia el 11 de mayo, también quedará anulada la política de expulsión. 

«El fin anticipado del Título 42 llega demasiado tarde y no traerá de regreso a los refugiados que perdieron la vida como resultado directo de la política», se pronunció la organización Al Otro Lado. 

Pese a anunciar su bloqueo, el Gobierno de Biden ya discute otras medidas que aplicará cuando pierda su efecto: denegará el asilo a los inmigrantes que se presenten en la frontera sur del país sin haber solicitado previamente su petición a través de la aplicación CBP One.