Además, establece medidas cautelares como la de dejar sin efecto la convocatoria y ordena al Presidente Nayib Bukele a abstenerse de usar la Armada en actividades contrarias a los fines establecidos en la Constitución.

También exhorta a René Francis Monroy, ministro de la defensa y a Mauricio Arriaza, director de la PNC a que no ejerzan funciones a las que constitucionalmente no están obligados.

La resolución deja sin efecto la convocatoria que el Consejo de Ministros realizara a la Asamblea Legislativa de sesionar de caracter extraordinario, para que fuera abordado como punto único la aprobación del préstamo de $109 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica que se utilizaría para el financiamiento de la fase III del Plan de Control Territorial.

Estas medidas se dan en el marco de la aceptación de una demanda de inconstitucionalidad al punto 4 de la sesión del Consejo de Ministros, donde solicitaba lo antes descrito a la Asamblea Legislativa.