La ley fue aprobada con carácter de urgencia y es defendida por el oficialismo como un mecanismo de “reconciliación” en un país sumido en la peor crisis política y social desde el fin de la guerra civil de los años ochenta, que dejó decenas de miles de muertos. Tras su aprobación, este lunes fueron excarceladas 50 personas de las 233 aún apresadas por haber participado en las manifestaciones que exigen el fin del régimen sandinista. El reglamento, compuesto apenas de cuatro artículos, cubre todos los delitos políticos y comunes determinados por el régimen en el marco de las manifestaciones y advierte a los beneficiados de que deben “abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas generadoras de delitos contemplados en la ley”.
Ortega calificó las manifestaciones como un fallido intento de golpe de Estado y acusó de terroristas y golpistas a los dirigentes de las protestas, muchos de ellos asesinados, encarcelados o exiliados tras la represión, en la que el presidente nicaragüense hizo uso de grupos irregulares considerados paramilitares por los defensores de derechos humanos, que atacaron con saña el levantamiento opositor que arrancó en abril del año pasado como respuesta a una reforma a la seguridad social impuesta sin consenso.
Un mes después, Ortega ordenó atacar una multitudinaria marcha organizada el día de las madres, causando al menos 15 muertos, y en junio lanzó la llamada operación Limpieza, con centenares de hombres encapuchados que atacaron con armas de guerra los bastiones opositores, entre ellos la rebelde Masaya, donde sus vecinos levantaron centenares de barricadas como forma de protesta. Esa acción violenta dejó una estela de muerte y llevó al exilio a más de 50.000 nicaragüenses. El mandatario también ha perseguido y encarcelado a periodistas y expropiado medios de comunicación.
“Ortega quiere dictar una ley de amnistía que ampare los crímenes cometidos por su Gobierno. Inútil frente a crímenes de lesa humanidad”, ha advertido Pablo Parenti, exfiscal argentino que formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, nombrado por la Organización de Estados Americanos), que durante medio año investigó los hechos violentos y las violaciones a los derechos humanos hasta su expulsión en diciembre pasado, la víspera de la presentación en Managua de un demoledor informe que ilustraba cómo la policía había abierto fuego de forma sistemática contra la población y puso en marcha una ola represiva que incluyó torturas y agresiones sexuales en las cárceles, delitos que deben ser juzgados como "crímenes de lesa humanidad”. “Este es un esfuerzo por dejar en impunidad todos los crímenes cometidos”, afirma Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). “Pero no debemos alarmarnos tanto: esta amnistía tiene un resultado inocuo y no funciona contra violaciones graves a derechos humanos. No va a parar de ninguna manera la justicia internacional: los tribunales internacionales esperan a Ortega, quien no puede salvarse de un juicio por crímenes de lesa humanidad”.
