La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la decisión presidencial de anular el acuerdo de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y exhorta a instituciones a facilitar el funcionamiento de la entidad. El Ejecutivo dice que analizará la resolución y luego hará pública su postura.

La resolución es un amparo provisional solicitado por ciudadanos contra la finalización unilateral que hizo el Ejecutivo al Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.

El fallo establece que las autoridades denunciadas son “el presidente de la República de Guatemala, Vicepresidente de la República de Guatemala, Congreso de la República de Guatemala, Ministra de Relaciones Exteriores; Ministro de Gobernación; Ministro de la Defensa Nacional; Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala; Procurador General de la Nación; Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.

A esas instituciones, la CC les exhorta a que en el ámbito de sus competencias instruyan a funcionarios y empleados de esas dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamiento de la Cicig.

El fallo fue aprobado por la mayoría de quienes integran el Tribunal. La magistrada presidenta, Dina Josefina Ochoa Escriba, presentó voto razonado disidente, detalla el comunicado de la CC. Emitieron voto a favor Gloria Porras, Boanerges Mejía, Francisco de Mata Vela, contra quienes la Procuraduría General de la Nación pidió un proceso de antejuicio, y Neftalí Aldana.

Ochoa, en su voto disidente, razona que el amparo no es la vía para denunciar normas generales, sobre todo las que son adoptadas por el presidente en ejercicio de sus funciones y especialmente la que le asigna el literal O del artículo 183 de la Constitución, que se refiere a que él es quien debe dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios internacionales.

“Resalto que la propia Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados reconoce, primordialmente, en los Jefes de Estado -y no, en las Cortes nacionales- las facultades de ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Debo indicar que un tribunal constitucional no puede obligar a tal mandatario, único encargado de dirigir la política exterior, a mantenerse como parte de un convenio esta es competencia única de dicho dignatario” explica la presidenta de la CC.

El Ejecutivo dijo que no ha sido notificado de la resolución de la CC y que, una vez llegue, la analizará en forma conjunta con todas las instituciones.