Por Monserrat Cordero Parra. La investigadora de la Universidad de Costa Rica (UCR), Juliana Martínez, asegura que es necesario que existan medidas económicas que respalden a la población para que el aislamiento social sea efectivo. “Hay que subsidiar la cuarentena. La cuarentena o el período de tiempo que necesitemos aislarnos tiene que ser subsidiado y requiere también de apoyos solidarios”. Reproducimos el siguiente reportaje publicado por el Semanario Universidad. 

El mensaje más repetido del Gobierno de la República durante las últimas dos semanas ha sido “quédate en casa”. Esto con el fin de aplanar la curva y contener la dispersión del nuevo coronavirus Covid-19, que deja ya como saldo 177 infectados y 2 fallecidos. Pero, ¿quién le asegura a la población que va a tener lo suficiente para subsistir si se queda en casa?

Esa es una de las principales tesis que maneja la investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR), Juliana Martínez, quien asegura que es necesario que se impulsen medidas económicas que respalden a la población para que el lineamiento sanitario de quedarse en casa sea efectivo.

“Hay que subsidiar la cuarentena. La cuarentena o el período de tiempo que necesitemos aislarnos tiene que ser subsidiado y requiere también de apoyos solidarios”.

Juliana Martínez.

“Para quedarse en casa vos tenés que tener dinero en el bolsillo no solo por hoy, sino también por los siguientes días, o la tranquilidad de que si no lo tenés, lo vas a tener. No estamos hablando de personas normalmente consideradas vulnerables, sino de una proporción mucho más grande de la población. Por ejemplo, la encuesta de Cid Gallup publicada la semana pasada dice que un tercio de la población no tiene recursos en su bolsillo para más de 7 días y que otro 30% de la población (6 de cada 10) no tiene recursos para más de 22 días”, acotó Martínez.

Esto refuerza la idea de que “no hay medidas sanitarias efectivas sin medidas sociales y laborales efectivas”; es decir, ambas deben ir de la mano en el contexto de emergencia nacional que estamos viviendo.

“Hay que subsidiar la cuarentena. La cuarentena o el período de tiempo que necesitemos aislarnos tiene que ser subsidiado y requiere también de apoyos solidarios. La preocupación principal de las empresas más grandes es perder lo menos posible; mientras que hay personas que lo están perdiendo todo, hay personas que están haciendo cabildeo legislativo y político para dejar de ganar menos, ni siquiera para perder”, mencionó.

“Dado que no estamos subsidiando la cuarentena, la proporción de gente que está saliendo es muy grande. Además, es posible que sea la gente en condiciones de mayor precariedad, que vive en menos metros cuadrados, donde hay más hacinamiento de personas, donde hay más problemas de acceso a agua potable y, por lo tanto, los riesgos de contagio son mayores”, agregó.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) informó que propuso también al Gobierno de la República dotar de un subsidio social solidario de ₡250 mil, el cual beneficie a desempleados y trabajadores informales durante los siguientes tres meses.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), al lunes 23 de marzo se contabilizaron un total de 331 solicitudes de suspensión de contratos de trabajo por parte de patronos, lo que afectaría a un total de 9.728 empleados. En cuanto a los despidos, la entidad aseguró que no tienen los datos pues no existe una obligación de las empresas de reportarlos.

De acuerdo con la evaluación inicial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que entre 5,3 y 24,7 millones de personas en el mundo perderán su empleo debido la pandemia causada por el nuevo coronavirus, lo que agravaría la desigualdad social y económica; mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que 35 millones de personas engrosarán las filas de la pobreza.

Desfinanciamiento de la CCSS

Las autoridades han asegurado en reiteradas ocasiones que el sistema de salud nacional es robusto. En eso coincide la investigadora; sin embargo, considera que algunas medidas podrían desfinanciarlo.

El jueves 19 de marzo la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la reducción de un 75% en la base mínima contributiva tanto en el seguro de salud como el de pensiones durante los siguientes tres meses. Todo esto en momentos donde esta institución hace frente a la pandemia en detección y atención de los casos.

Esto se aplicaría para la facturación de las planillas patronales, aportes de trabajadores independientes (incluye aquellos con Convenio Colectivo) y trabajadores del sector público que reportan jornada parcial, según los registros del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), correspondientes a los meses de facturación de marzo, abril y mayo del 2020, señala el acuerdo de la Junta Directiva.

Ese mismo día el mandatario Carlos Alvarado aseguró que el Gobierno respaldará a los trabajadores mediante un plan de apoyo económico a la CCSS para que así esta pueda aliviar las cargas sociales de manera temporal. El monto máximo del plan es de ₡33 mil millones y se ejecutará con base en el análisis de las prioridades de los sectores afectados que se quiere proteger.

Tras la decisión de la Junta, el jueves 19 de marzo el presidente Ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, aseguró en una transmisión en vivo de Facebook, que la idea de la institución es “que las personas mantengan su empleo”.

La medida fue criticada por el directivo de la Caja, Mario Devandas, quien aseguró a UNIVERSIDAD que esto significaría una reducción en los ingresos de la CCSS de aproximadamente ₡22 mil millones, en momentos donde los gastos van aumentando por la atención de la emergencia sanitaria.

“Desde mi punto de vista, vos podés hacer eso si el Estado te completa la diferencia. Costa Rica no llega en muy buena situación por el déficit fiscal y porque realmente hay un sector de la economía que no está aportando y cada vez que se da esta discusión ha vuelto a no aportar. Si vos tenés una empresa muy grande y no están pagando impuesto de renta, además tenés el dinero fuera del país, y reducís la planilla laboral, finalmente estás contribuyendo a un círculo vicioso de concentración de la riqueza”, puntualizó Martínez.

Para atender la emergencia, la institución habilitó el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) para atender exclusivamente pacientes con COVID-19. A eso se su suman las carpas que se encuentran en las afueras del Hospital Nacional de Niños, San Juan de Dios, Calderón Guardia y el CAIS Marcial Fallas, en las cuales se realiza una atención diferenciada a pacientes con síntomas que los hagan sospechosos de portar el nuevo coronavirus.

UNIVERSIDAD solicitó a la CCSS el detalle de la inversión que está realizando la institución durante la emergencia; sin embargo, al cierre de edición, no se obtuvo el dato.

Finalmente, Martínez destacó que el sistema de salud costarricense es altamente centralizado; sin embargo, ve necesario sumar al sector privado, tal y como lo han hecho países europeos como Inglaterra. Esta aseveración se deriva de un trabajo realizado en conjunto con el director del Departamento de Desarrollo Internacional de la Universidad de Oxford, Diego Sánchez.

“En esto es sumamente importante que las reglas del juego sean operar en función del bien público. En toda esta pandemia el sector público es el que está subsidiando todo lo que se está haciendo y el sector privado, en particular el más poderoso, quiere que el sector público le ayude a resolver versus aportar su cuota aparte para financiar el aislamiento social”, finalizó.

En el país se han registrado -hasta el martes 24 de marzo-, 177 casos confirmados por Covid-19. Del total, dos personas adultas mayores han fallecido; mientras que una pareja de turistas ya fue dada de alta.