La Cámara de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó reinstalar al personal despedido en la Asamblea Legislativa el pasado 24 de julio de 2018, debido a que considera que esa acción fue “ilegal”.

Dicha información fue dada a conocer por el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL), por medio de un comunicado de prensa.

 “Con mucha alegría expresamos nuestra solidaridad y agradecemos a todos los que han sido parte del esfuerzo de acompañar a los trabajadores que por más de 10 meses se mantuvieron vulnerados en sus derechos humanos y laborales”, afirmaron  los miembros del sindicato.

El 21 de mayo de 2018, el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, anunció una "triste decisión", como la calificó en ese momento, al referirse sobre el despido de aquellos empleados que habían sido contratados entre el 1° de diciembre de 2017 y el 30 de abril de 2018.

“Esta medida es la más dolorosa que he tenido que tomar al frente de una institución, pero debo ser franco, de no hacerlo nos encaminamos a una situación insostenible”, expresó Quijano en aquella oportunidad.

El  23 de junio ocurrió un nuevo aviso de despidos. Quijano volvió a dar una "mala noticia", pero en esa ocasión indicó que se ejecutaba en las sedes departamentales que se encuentran a escala nacional, en donde solamente serían 10 los empleados que mantendrían en cada una de ellas.  

Más de 100 personas serán las que quedarán sin empleo tras el recorte del personal. En los departamentos de La Paz, San Miguel y en Ahuachapán cesarán a 10 trabajadores; en Santa Ana, a 14; en La Libertad, a 11; en Cabañas, a cinco; en Cuscatlán y en San Vicente, a dos; en Morazán y en La Unión, a cuatro; en Usulután, a tres; en Sonsonate y en Chalatenango, a siete.