Haciendo uso de su derecho a la última palabra, el imputado central del denominado “Caso Corruptela”, Luis Martínez, insistió en su inocencia e invitó a la Fiscalía General de la República (FGR) a continuar la investigación del polémico caso El Chaparral, que supuestamente obstaculizó durante su período al frente de la institución.

“Hay cosas que todavía están ocultas, la investigación está ahí”, aseguró el exfiscal de la República, que también aprovechó su intervención de dos minutos, -un derecho procesal otorgado por el Juzgado Cuarto de Paz-, para declarar que “nunca he ofendido la ley, ni he ofendido al pueblo salvadoreño”.

La construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral, ubicada en San Luis de La Reina, San Miguel, fue ordenada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) en 2005, a manos de la desarrolladora italiana Astaldi, que dejó la obra incompleta pero recibió $108.5 millones.

Por ello, en agosto de 2014, la FGR intervino la construcción para investigar las negociaciones entre CEL y la compañía italiana, lo que valió la suspensión de las obras hasta mayo de 2015.

La represa, que estará terminada hasta 2019 y costará $110 millones adicionales, causó señalamientos por parte del actual fiscal general, Douglas Menéndez, quien aseguró que la investigación “fue engavetada” por Martínez.

Este fin de semana, la FGR expuso su acusación formal durante la audiencia inicial del Caso Corruptela, en el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador, revelando una supuesta red de corrupción al interior de la institución, para “la venta de justicia” en este caso, y en el de Tregua entre Pandillas, ambos, para beneficiar la imagen del gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Martínez habría recibido hasta $10,000 mensuales para mantener archivada la investigación, según el testigo criteriado clave Hermes. Durante los últimos meses del mandato de Funes, e incluso después, el exfiscal habría exigido hasta $15,000 mensuales para mantener esta disposición.

“La Corte de Cuentas de la República (CCR) no cuestionó los trabajos de tres años que tuve en la fiscalía. Cuento con los finiquitos para demostrarlo”, se defendió el exfiscal.

“No me siento culpable”

Frente a los más de 10 fiscales delegados, y los 15 abogados defensores de 17 diferentes imputados en el Caso Corruptela, el exfiscal fue acusado de siete nuevos delitos: peculado, negociaciones ilícitas, cohecho propio, falsedad ideológica, falsedad documental agravada en grado de instigador, omisión de investigación y lavado de dinero y activos; pero dice no sentirse culpable.

“Todos los imputados en el caso estamos dispuestos a defender nuestra inocencia (…) No me siento culpable, sencillamente porque no soy culpable”, añadió.

Martínez pidió medidas sustitutivas a la detención, que le fueron negadas. La jueza del caso, Nelly Pozas, le decretó a él y a Julio Arriaza, ex director de defensa de la sociedad, una instrucción formal con detención provisional, y la congelación de todos sus bienes mientras continúe el proceso.