La Sala de lo Constitucional admitió trece demandas de amparo contra el Presidente de la República, Nayib Bukele, y el Consejo de Ministros del Órgano Ejecutivo, por presuntamente haber vulnerado los derechos a la estabilidad laboral, audiencia y defensa de los demandantes, quienes fueron despedidos de sus plazas de trabajo como parte de la reestructuración organizacional impulsada por el Presidente.

La Sala inició el trámite debido a que las personas fueron presuntamente cesados de sus puestos laborales sin que se tramitara un procedimiento previo en el que se expresaran las causas que motivaban dicha decisión y en el que se garantizaran sus oportunidades de defensa, utilizando de forma arbitraria y fraudulenta la figura de «suspensión de plaza», según alegan los demandantes.

Estos últimos también aseguran no haber recibido indemnización alguna ni haber suscrito ninguna declaración de voluntad o finiquito, exonerando a los funcionarios antes mencionados de tal responsabilidad.

La resolución establece que las autoridades correspondientes deberán reinstalar inmediatamente a los demandantes, mientras dure la tramitación del proceso de amparo y hasta que se emita el pronunciamiento respectivo de las trece demandas, de las que además otras cuatro fueron declaradas inadmisibles, por no haber subsanado las prevenciones realizadas en resoluciones previas.