Tras la incautación el Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) hará el valuó de todas las propiedades
La Fiscalía General de la República (FGR) aplicó la Ley de Extinción de Dominio a 34 propiedades a nombre del ex entrevistador Jorge Hernández, entre las cuales se encuentran empresas, casas ranchos de playa, medios de comunicación
Hernández se encuentra detenido desde el pasado 5 de noviembre siguiendo un proceso por supuesto lavado de dinero. Entre los inmuebles que pasan a control del Estado hay algunos a nombre de testaferros de Hernández.
Las propiedades corresponden a inmuebles donde funcionan empresas, además de algunas viviendas, ranchos de playa y fincas ubicadas en diferentes puntos de San Salvador (6), Antiguo Cuscatlán (14), Zacatecoluca (10), San Vicente (2) y Sonsonate (2).
La aplicación de la medida cautelar abarca dos empresas de comunicación, Grupo Órbita, que aglutina a La Página, Orbita TV y Orbita FM, y canal Gentevé. En este último caso, la intervención se da porque Hernández es poseedor de 200 acciones.
El jefe de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio, Alexis Ayala, explicó que la extinción de dominio sobre los medios de comunicación no tiene nada que ver con la naturaleza de su rubro, sino que se hace por su calidad de empresas vinculadas al procesado. "No se han dado como medios de comunicación, sino como sociedades. Algunas posiblemente tengan algunas concesiones", explicó Ayala.
Los inmuebles pasarán a control del Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab), que será el encargado de definir para qué serán utilizados mientras dura el proceso judicial contra el expresentador.
El director ejecutivo del Conab, David Molina, explicó que en el caso de los medios de comunicación "se puede mantener los canales y las frecuencias al aire, pero bajo la administración y vigilancia del Conab", mientras en el caso de los inmuebles de otro tipo podrían pasar a ser utilizados por instituciones del Estado en el rubro de Seguridad.
Hernández y su contador, Esteban Cañas, están presos por un caso de presunto lavado de dinero que se les sigue y que, según la FGR, está vinculado al desvío de fondos durante la administración presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009).
