Apolonio Tobar, Procurador de Derechos Humanos,  realizó con un equipo técnico de la institución, una inspección de condiciones en albergues de Jiquilisco en Usulután, en el Polideportivo de Merliot, en Santa Tecla, La Libertad y Villa Olímpica Centroamericana, del municipio de Ayutuxtepeque en San Salvador.

En el informe preliminar, Tobar aseguró que ambos recintos están por cumplir su capacidad para acoger ciudadanos y extranjeros que provienen desde el exterior. 

En el caso de Jiquilisco: “Tiene una capacidad para 400 personas, hasta el día de hoy, a las 11:00 de la mañana habían 421 personas, y tenemos reportes actuales que siguen ingresando personas a ese albergue”, afirmó.

Según Tobar, en los albergues no hay medidas adecuadas para separar, mujeres embarazadas, adultos mayores y niños. “No ha habido segmentación de personas, no se ha discriminado el lugar de procedencia, indistintamente donde vienen están incorporados, todos juntos”, señaló.

Además reportó que ninguna persona ha sido sometida a pruebas de laboratorio. “Nadie tiene científicamente determinado si es o no portador del coronavirus”.

Como consecuencia del hacinamiento, se suma a que las camas no están debidamente separadas, con estándar mínimo internacional. “Todas están a menos de un metro”, enfatizó Tobar, en el caso de Jiquilisco.

En Villa Olímpica los ciudadanos han colocado colchones en el suelo y a lo largo de los pasillos. En Merliot sí se respeta la distancia entre camas.

Tobar hizo énfasis en que no hay personal capacitado para atender la administración de los albergues. Los mismos ocupantes, se han organizado para limpiar el lugar, servir la comida y preparar actividades recreativas para los niños.

“En Jiquilisco contabilizamos cuatro médicos y seis enfermeras para 421 que ya teníamos en la mañana;  en vía olímpica 5 médicos y 4 enfermeras; en el polideportivo de Merliot tenemos 3 enfermeras y 3 médicos”, detalló.   

“Aunque entendemos la situación, lo grave de esto es que los albergues no reúnen las condiciones mínimas para atender una cuarentena; y eso ha provocado el hacinamiento”.

El procurador exhortó al Gobierno a detener el ingreso de más personas en Jiquilisco, y que se transfiera el 50% de su población a otros albergues. 

Consecuentemente pidió que se abran más albergues.

“Como procuraduría no estamos en contra de la medida, pero pedimos desde un principio, orden; esto no es una cuarentena, es un hacinamiento masivo”, sentenció.