Tres miembros de estructuras terroristas fueron declarados culpables judicialmente por extorsionar a comerciantes en los departamentos de La Paz y Santa Ana. Ahora sus actos delincuenciales serán pagados con el cumplimiento de penas de 10 años en prisión.

La Unidad Especializada de Delitos de Extorsión y de Crimen Organizado dio a conocer que uno de los procesos fue llevado a conocimiento del Juzgado Primero de Sentencia de Santa Ana, en contra de la imputada Elba Adelina Guevara Bojórquez. Fue acusada por el delito de Extorsión.

Y es que, en juicio, la FGR demostró con abundante prueba que integrantes de la “Pandilla 18” de la zona del Mercado Colón de esa jurisdicción, le venían exigiendo a víctima la cantidad de $400 mensuales, a cambio de no atentar contra la vida de sus trabajadores y dejarlos laborar en el sector al que continuamente acostumbraban a llegar. Los hechos se dieron durante varios meses en el año 2020, hasta que los investigadores de la PNC lograron realizar las entregas controladas y posteriormente se efectuó la captura y fue sometida al proceso correspondiente.

La Fiscalía dio a conocer las condenas en contra de miembros de estructuras que se dedicaban a afectar a comerciantes de los departamentos de La Paz y Santa Ana.

Ahora, deberá cumplir la pena de 10 años que le impuso el juez tras haber dado validez a las pruebas que aportó la FGR.

El segundo proceso fue llevado a vista pública ante el Juzgado Primero de Sentencia de Zacatecoluca, contra los imputados José Luis Domínguez Carrillo y Elmer Josué Mejía Martínez, ambos encausados por Extorsión Agravada.

La investigación de la Fiscalía estableció en la vista pública que, desde el 27 de noviembre del año 2016, un sujeto llegó al negocio de la víctima diciéndole que tenía que dar $5,000 dólares. “Si no les entregas lo exigido te van a matar a tu familia, pues con la pandilla 18 no se juega”, eran las amenazas que continuamente le venían haciendo a la víctima, explicó el fiscal del caso.

Las investigaciones coordinadas con la PNC llevaron a identificar a los delincuentes, por lo que posteriormente se emitieron las órdenes de captura y fueron llevados ante la justicia.

Al finalizar el juicio, el juez dio por válida la investigación fiscal y declaró la responsabilidad penal de los imputados y finalmente les impuso 10 años de cárcel para cada uno.