Nueva Asamblea destituye a fiscal general Raúl Melara por vínculo material con un partido político

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El dictamen fue aprobado con 64 votos a favor y 7 votos en contra.
Nueva Asamblea destituye a fiscal general Raúl Melara por vínculo material con un partido político

En la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa, el pleno legislativo aprobó un dictamen favorable para la destitución del fiscal general de la República, Raúl Melara, asegurando que su elección presentó vicios de inconstitucionalidad debido a la vinculación material de Melara con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).

El dictamen fue aprobado con 64 votos a favor y 7 votos en contra. El grupo parlamentario del partido ARENA no participó en la votación para destituir a Melara de la dirección de la Fiscalía General de la República (FGR). Los partidos FMLN, Vamos y Nuestro Tiempo tampoco aprobaron la iniciativa.

La medida para la destitución de Melara fue propuesta por el diputado Jorge Castro, del partido Nuevas Ideas y, con 64 votos, se aprobó la dispensa de trámite para estudiar la medida. Numan Pompilio Salgado, diputado de GANA leyó la pieza en la que se explica que el fiscal ha desempeñado el cargo pese a no ser imparcial en sus funciones.

El dictamen señaló que Melara ha reflejado actuaciones con fuertes y evidentes motivaciones políticas. De igual manera, el escrito hace referencia a las vinculaciones materiales de Melara con el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), situación que pone su elección en contra de los artículos 192 y 167 de la Constitución de la República, el cual señala que los funcionarios de segundo grado no pueden tener vínculos materiales con partidos políticos.

De igual forma, el dictamen estableció que existe prueba documental recabada por la organización civil Acción Ciudadana, en la cual se sitúa a Melara como financista del partido ARENA en el año 2014, información que fue obtenida del mismo sitio oficial del partido de derecha, con lo cual se prueba el vínculo material con un partido político el cual lo inhabilita para desempeñarse como fiscal general del Estado.

 

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