Un nicaragüense y dos salvadoreños han sido condenados por Tráfico Ilegal de Personas

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En el primero de los casos, se procesó a José Ricardo Sánchez y al nicaragüense Edwin José Torres Cruz, acusados por el delito de Tráfico Ilegal de Personas. Ambos comparecieron en vista pública a cargo del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

Un nicaragüense y dos salvadoreños han sido condenados por Tráfico Ilegal de Personas

Condenas hasta de 10 años de cárcel deberán cumplir tres imputados, entre ellos un ciudadano nicaragüense, quienes fueron declarados responsables penalmente por haberse dedicado a traficar personas indocumentadas, principalmente con destino a Los Estados Unidos. Los casos sucedieron en La Libertad y Usulután.

En el primero de los casos, se procesó a José Ricardo Sánchez y al nicaragüense Edwin José Torres Cruz, acusados por el delito de Tráfico Ilegal de Personas. Ambos comparecieron en vista pública a cargo del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.

Con abundante prueba, la representación fiscal acreditó en la audiencia que los implicados iniciaron el viaje ilegal, el 6 de septiembre del 2019 desde el municipio de San Juan Opico, La Libertad. Los sujetos transportaron y guiaron a las víctimas con el fin de evadir los controles migratorios, pero el viaje no se completó y las víctimas fueron engañadas.

Los fiscales asignados a dos procesos diferentes no solo obtuvieron condenas de prisión para los imputados, sino que además lograron que se les impusiera el pago obligatorio a favor de sus víctimas en concepto de responsabilidad civil.

El Tribunal impuso la pena de 10 años de prisión para cada uno y deberán pagar US$6,000.00 en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

El segundo juicio fue contra José Arístides Gómez, en el que se estableció que el 23 de febrero del año 2014, la víctima después de pagarle $1,500 al traficante, dio inició al viaje partiendo desde Jiquilisco, departamento de Usulután. La víctima fue conducida por diversos lugares de riesgo y finalmente fue detenida en México y retornada a nuestro país.

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El Tribunal de Sentencia de Usulután, determinó que deberá cumplir 4 años de prisión y pagarle a su víctima US$3,500.00 en concepto de responsabilidad civil.

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