A solo horas de que el Fiscalía General de la República presentara el requerimiento contra seis implicados en el polémico caso de “Tregua entre pandillas”, entre ellos el actual alcalde de San Salvador por el partido ARENA y tres militantes del FMLN, diversos sectores han cuestionado la débil actuación del Ministerio Público, específicamente del titular de la Fiscalía, Raúl Melara.

Este sábado, un equipo fiscal presentó al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador la acusación formal contra el edil capitalino, Ernesto Muyshondt; los efemelenistas Arístides Valencia, Benito Lara y Raúl Mijango; el columnista de El Diario de Hoy, Paolo Lüers, y el “enlace con el FMLN” Wilson Alvarado.

Junto al requerimiento fiscal fueron presentadas tres cajas con sinnúmero de documentos que sustentan la relación de los señalados con los grupos terroristas.

La tregua entre pandillas se registró durante la Presidencia de Mauricio Funes y en el proceso el columnista Paolo Lüers fue considerado “mediador”, al igual que exguerrillero Raúl Mijango y el capellán militar Fabio Colindres.

Mijango enfrenta una condena de 13 años de cárcel por extorsión, un delito que no se vincula al tema de pandillas.

Lüers, Lara, Valencia, Mijango ni Muyshondt jamás han sido procesados por su relación con grupos terroristas por los fiscales anteriores pese a que anteriormente se han divulgado videos donde se reúnen con cabecillas de los grupos. En el caso de Wilson Alvarado es la primera vez que se menciona por parte de las autoridades.

En redes sociales se cuestiona la decisión del Fiscal General Raúl Melara de proteger a los mediadores y financistas de las pandillas al no pedir su inmediata detención.

Cuestionan por qué Melara decidió pedir que no sean detenidos si no, por el contrario, favorecerlos con medidas sustitutivas como el pago de fianza o presentarse a los juzgados a firmar.

Recuerdan a Melara que en otros casos siempre se procede a la detención inmediata, pero ahora es el Fiscal General quien ha decidido que no lleguen a la cárcel. “¿Será que Melara no puede actuar técnicamente, en apego a la ley, porque no ha logrado superar su vinculación con el partido ARENA?”, expone una de las voces críticas.

Los ciudadanos también se preguntan por qué Melara no acusa a los implicados de financiar grupos terroristas (tal como lo establece la ley) y se limita a acusarlos de negociaciones ilícitas.

Cuestionan que no se incluya en el proceso a otros exfuncionarios de la administración Funes que habrían participado en la tregua, entre ellos, posibles funcionaros del Ministerio de la Defensa o de Policía Nacional Civil.

Sobre el tema, los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente y Francisco Bertrand Galindo, se han sumado a las voces críticas contra el Fiscal Melara y su “tibio” accionar en el tema de políticos o personajes públicos relacionados con grupos terroristas.

“Es un show”, “una acusación débil” y “una novatada de fiscales” son algunas de las expresiones de los abogados en torno al requerimiento presentado por la Fiscalía.

Otros ciudadanos por su parte, a través de las redes sociales, piden a la Jueza Segundo de Paz de San Salvador que atribuya correctamente los delitos que han cometido los seis implicados, es decir, financiamiento a grupos terroristas.

Solicitan a la juzgadora que ordene a la Fiscalía General, específicamente a su titular, ampliar la investigación e identificar a otros posibles exfuncionarios o personajes públicos involucrados.

“Así como han planteado el tema de Norman Quijano lo veo muy débil y queda en evidencia la novatada de los fiscales, ya que se fueron con lo que dijo el juez de que deberían de perseguir a los políticos y por eso iniciaron la aventura”, señaló el abogado Bertrand Galindo en una declaración a Diario Digital La Página.

En redes sociales se formula un llamado a la Embajada de Estados Unidos acreditada en El Salvador en el sentido de sentar posición en torno al caso, sobre todo, porque una de las pandillas (la MS) ha sido considerada terrorista por la adminstración Trump.

En las mismas redes se cuestiona al Fiscal General Raúl Melara debido que, talvez actuando de manera consciente, obstaculizó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) para que realizara una investigación seria sobre el caso. “¿Para quién trabaja el Fiscal Melara? ¿Por qué protege a políticos corruptos evitando que vayan a la cárcel?”, se cuestiona.