Este jueves 20 de septiembre, el juzgado 5° de Paz de San Salvador definirá si los acusados por el caso de estafa al Estado en una permuta de armas, seguirán en prisión tal como lo pide la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía inició la investigación en contra de Centrum en noviembre de 2019, luego que fuera denunciada por el actual ministro René Mauricio Merino Monroy por posibles hechos delictivos cometidos presuntamente por sus antecesores.

En este caso los acusados son los exministros de Defensa, gral. David Munguía Payés (actos arbitrarios, peculado, falsedad documental agravada) y José Atilio Benítez (Peculado); además el expresidente del partido ARENA, Carlos Gustavo Roberto López Davidson (cómplice no necesario en el delito de peculado); el coronel Manuel de Jesús Romero (cómplice no necesario en el delito de peculado); Héctor Abel Herrera Mejía (cómplice no necesario en el delito de peculado), y el reo ausente, general Rafael Melara Rivera.

La resolución será dada a conocer el jueves a las 2 de la tarde. La Fiscalía ha pedido instrucción con detención, mientras que los defensores han solicitado medidas y reiteran la inocencia de sus clientes.

La FGR señala en su acusación, que los hechos iniciaron en agosto del 2011, cuando el entonces ministro Munguía Payés, ordenó que se realizará el informe de reevaluación de material de guerra, para sacar un inventario de armas que se podían incluir en una permuta de tipo subasta. Asimismo, lo acusa de haber permitido el vencimiento de la fianza de $2,051,893.00.

La investigación añade que, en 2013, el exministro Benítez autorizó la formación de una directiva que sirvió de base para regular la permuta tipo subasta, de material de guerra en mal estado del inventario general de la Fuerza Armada.

Además, lo acusan que adjudicó la permuta a CENTRUM S.A de C.V, y que dentro de la subasta incluyeron 2,441 pistolas ametralladoras FMK-3, las que supuestamente no tendrían que haber sido incluidas.

Mientras que, a López Davidson, señalado como representante legal y dueño de CENTRUM, el ministerio público lo señala de ser el beneficiario directo de la permuta, en la que el Estado salvadoreño salió afectado.

La Fiscalía señala además que con el contrato, el ministerio de la Defensa entregó en calidad de permuta 14,930 armas de fuego, 27,721 cargadores, así como cartuchos y repuestos de fusil en mal estado, valorado en $2,051,893.00.