Entre el 9 de abril y 24 de junio de 2022, 36,614 pandilleros y colaboradores han quedado detenidos en diversos centros penales por resoluciones emitidas en los juzgados especializados de instrucción.

Los jueces de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, tras recibir solicitudes de imposición de medidas presentadas por la Fiscalía General de la República, decidieron que los procesados continuarán en las cárceles por un período de seis meses mientras se realiza la audiencia preliminar, que es la segunda del proceso.

«Llegamos a más de 36 mil detenciones provisionales. Los equipos fiscales han presentado 767 requerimientos», publicó el titular del ministerio público Rodolfo Delgado.

El informe corresponde a los mareros que ya enfrentaron audiencia, ya que de los 42,259 detenidos por policías y soldados, en el marco del régimen de excepción, 8,645 están pendientes que se les inicie de forma oficial el proceso penal.

Con el régimen de excepción el plazo de 72 horas para remitir a un imputado a los tribunales quedó sin efecto y la Fiscalía General de la República los ha estado poniendo a la orden de los jueces hasta 15 días después de la detención.

En los 767 expedientes presentados por la Fiscalía, pidió a los jueces que les aplicaran las reformas al Código Penal que el pasado 30 de marzo fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Pertenecer a una pandilla es calificado como agrupación ilícita y el Código Penal lo sanciona con prisión de 20 a 30. Los cabecillas, financistas y creadores de estas estructuras que lleguen a vista pública pueden ser condenados de 40 a 45 años de cárcel.

Antes de las enmiendas, los jueces imponían de tres a cinco años a los mareros encontrados culpables de agrupaciones ilícitas, mientras que a los colaboradores, los condenaban a tres años y les reemplazaban esa pena por reglas de conducta bajo la jurisdicción de los juzgados de vigilancia penitenciaria y ejecución de la pena.

Los cabecillas de las pandillas recibían de seis a nueve años, que era la pena máxima establecida en el Código Penal, con las reformas, los miembros de las maras pueden recibir de 20 a 30 años y los jefes hasta 45 años de prisión.

Con el tema de los pandilleros menores de edad, la Asamblea Legislativa también reformó la Ley Penal Juvenil, a partir de los 12 años son juzgados como adultos y pueden recibir 10 años de cárcel y los que hayan cumplido 16 serán condenados hasta con 20 años de prisión.