El Gobierno del Presidente Nayib Bukele sigue protegiendo la economía de los salvadoreños a través de la aplicación de las medidas ante la inflación.
Dichas disposiciones están comprendidas en un marco jurídico que por 11 meses han evitado un golpe directo al bolsillo, y el cual comprendió la suspensión temporal de la contribución especial para la estabilización de tarifas del servicio de transporte público (COTRANS por $0.10), la suspensión temporal del cargo a la cuenta especial de estabilización y fomento económico (FEFE, equivalente a $0.16), y la Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la comercialización de productos derivados del petróleo; y se mantiene vigente a través de la Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos y las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
Las acciones comprendidas en estas normativas han permitido que, a la fecha, El Salvador continúe siendo el país con menor tasa de inflación de Centroamérica (con un 7.03 %), sostuvo el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
“𝘚𝘰𝘮𝘰𝘴 𝘦𝘭 𝘱𝘢𝘪́𝘴 𝘦𝘯 𝘊𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰𝘢𝘮𝘦́𝘳𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘰𝘳 𝘵𝘢𝘴𝘢 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘢𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘊𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘙𝘪𝘤𝘢, 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯 18.45 %; 𝘏𝘰𝘯𝘥𝘶𝘳𝘢𝘴, 16.16 %; 𝘕𝘪𝘤𝘢𝘳𝘢𝘨𝘶𝘢, 15.74 %, 𝘺 𝘎𝘶𝘢𝘵𝘦𝘮𝘢𝘭𝘢, 13.32 %”, detalló el funcionario. “𝘌𝘴𝘵𝘰 𝘦𝘴 𝘨𝘳𝘢𝘤𝘪𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘢𝘴 11 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘥𝘢𝘴 𝘥𝘦 𝘢𝘭𝘪𝘷𝘪𝘰 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰́𝘮𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘥𝘢𝘴 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘭 𝘗𝘳𝘦𝘴𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦”, acreditó.
Las disposiciones han tenido efectos sobre el valor de los combustibles; además implican el despliegue de inspectores en embarcaciones y gasolineras; mantenimiento del subsidio al gas propano; inspecciones para garantizar el precio establecido en las unidades de transporte público; la suspensión de aranceles de importación a 20 productos básicos y la agilización de la autorización a proveedores para la importación de productos alimenticios.
En apego a las leyes, la Defensoría hace monitoreos y vigilancia de los proveedores. De acuerdo con Ricardo Salazar, solo en el 2022 se hicieron más de 144,000 verificaciones y este año ya son más de 4,500, y estas abarcan a los diferentes agentes de la cadena de suministros en una tarea articulada con otras instituciones del Gobierno que permiten alcanzar el mercado de los hidrocarburos y de los productos derivados del petróleo como el gas propano, garantizando el respeto de los consumidores.