El Gobierno del Presidente Nayib Bukele apoya la búsqueda de la verdad y la justicia en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el periodo de la guerra civil salvadoreña.

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta, aseguró esta mañana que todo el proceso que engloba a la muerte de los sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) ha estado marcado con impunidad por más de 30 años.

En el transcurso del tiempo, los salvadoreños y la comunidad internacional han pedido justicia verdadera, que empieza con la sentencia de la Sala de lo Constitucional para que la Sala de lo Penal pronuncie una resolución conforme a la ley en este caso. La anterior Sala de lo Penal, en octubre de 2020, cerró el proceso penal y que no se investigaran a los señalados como autores intelectuales.

“En el año 2020, la Sala de lo Penal que estaba conformada por la elección que habían hecho ARENA y el FMLN, se pronuncia y dice, contrario a los principios del derecho internacional, contrario a la sentencia de la Sala de lo Constitucional del 2006, contrario al derecho a la verdad que ya se había dicho”, aseguró el asesor jurídico de la Presidencia.

De acuerdo con Argueta, la entonces Sala de lo Penal detalló que estas personas no podían ser procesadas por el caso de los jesuitas pues había prescrito el delito y era “nulo todo lo actuado a partir de que ya están juzgados”.

El proceso del crimen de lesa humanidad que ocurrió en 1989, donde un comando de soldados de élite mató a los religiosos y sus colaboradoras, fue ordenado reabrirse en 2017 pero la defensa lo retrasó. El expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España, eran los señalados como posibles autores intelectuales.

“Los autores intelectuales han sido protegidos por el sistema. Hay un sistema completo de protección”, destacó el asesor jurídico de la Presidencia. Como Gobierno del Presidente Bukele, el compromiso es con la verdad y este es un paso al buen camino hacia la justicia transicional, pues por décadas la ciudadanía ha exigido que se conozca cómo sucedieron los hechos.