El titular de Salud, Francisco Alabi, junto con la gerente general de dicha cartera de Estado, Ana Irma Aguilar y los asesores jurídicos de la institución, Jorge Castro y Efraín Segura, mostraron evidencia de cómo miembros de la Fiscalía General de República (FGR) incumplieron los protocolos del proceso legal para efectuar el allanamiento de las instalaciones centrales de la institución.

“La Fiscalía ingresó a las instalaciones del ministerio el día lunes. Ellos se hicieron presentes sin mostrar credenciales a los agentes que brindan seguridad. Entraron de manera violenta, a la fuerza, cuando el Ministerio les ha dejado las puertas abiertas para que tengan la información necesaria”, manifestó el ministro Alabi.

Pasaron 36 horas de que el personal de la FGR se negó a presentar la documentación establecida para dar cumplimiento al debido protocolo que exige la Ley, detalló Alabi.

Mientras que el asesor jurídico del Ministerio de Salud, Jorge Castro, explicó que el Ministerio Público al no mostrar la orden judicial para el allanamiento, “no cumplen con lo establecido en el artículo 193 del Código Procesal Penal y ellos (los fiscales) lo saben muy bien”.

Otro hecho que ha indignado a las autoridades del Ministerio de Salud, es que aproximadamente 81 fiscales participan en el proceso de allanamiento y que algunos de ellos portaban armas de fuego, como si se tratara de un operativo de alta peligrosidad y en una institución que no les representa ningún peligro.

“Ingresaron portando armas de fuego al Ministerio, cuando las armas no están autorizadas dentro de su uniforme. No estaban en un operativo donde peligrara su vida. No era necesario que portaran armas de fuego y lo hicieron a manera de intimidar a los presentes”, recalcó Francisco Alabi.

El titular de Salud también lamentó que se pusiera en riesgo a los empleados de la institución, ya que en medio de la pandemia por COVID-19 los ubicaron en un espacio bien reducido.

“Han expuesto al personal de salud. Los privaron de libertad sin poder regresar a sus hogares. También forzaron puertas cuando el personal estaba dispuesto a brindar la información que necesitaban”, agregó.

Ante la vulneración a los derechos de los empleados, el asesor jurídico del Ministerio de Salud, Jorge Castro, añadió: “El pueblo salvadoreño puede ver la prepotencia de la Fiscalía. El fiscal llegó, pero no busco un diálogo con representantes de la institución”. 

“Fue un acto de intimidación. Sin embargo, nos mantenemos de pie por el pueblo salvadoreño. No hemos dormido, cuando ellos han relevado a sus equipos de trabajos tanto para comer, como para dormir”, agregó la gerente general de dicha cartera de Estado.