Investigaciones desarrolladas por la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, llevaron a demostrar en sede judicial que 4 ciudadanos de origen guatemalteco, han sido declarados culpables por el delito de Trata de personas en la modalidad del trabajo forzado, en perjuicio de por lo menos 40 víctimas, en el Oriente del país, durante el año 2019.

La Unidad Especializada de Tráfico ilegal y Trata de personas dio a conocer que los imputados Edwin Antonio Juárez García, Edgar Francisco Juárez García, Francisco Javier Yuman Herrera y Cristian Eduardo Yuman Herrera, enfrentaron vista pública en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel.

Con abundante elemento probatorio la representación fiscal acreditó tanto la participación delictiva de cada uno de los acusados. “Durante el juicio ha quedado plenamente establecido que estas personas son las responsables de los hechos que hemos expuesto con prueba debidamente fundamentada”, dijo uno de los fiscales asignados al proceso.

Los hechos sucedieron el 9 de marzo de 2019, cuando las autoridades realizaron un registro con prevención de allanamiento en una vivienda ubicada en la Colonia Andalucía, Calle La Paz, San Miguel, donde se encontraron a las víctimas, de nacionalidad guatemalteca, sin saber que decir ante los agentes, por lo que se procedió a capturar en flagrancia a los imputados Edwin Juárez y Edgar Juárez García.

Posteriormente, se recibió declaración de las víctimas rescatadas logrando establecer también la participación de los imputados Francisco Javier Yuman Herrera y Cristian Eduardo Yuman Herrera, a quienes se les giró orden de captura, por el mismo ilícito.

Los cuatro implicados reclutaban personas adultas y adolescentes en diferentes lugares o comunidades vulnerables de Guatemala, y les ofrecían trabajo en territorio salvadoreño, las ingresaban por puntos ciegos al país, las llevaban a una casa ubicada en San Miguel, donde las mantenían privadas de libertad y las obligaban a vender piñas en diferentes calles y carreteras, exigiéndole vender cierta cantidad diaria, si las víctimas no cumplían con las cantidades impuestas eran objeto de violencia física y verbal.

A las víctimas las mantenían en condiciones inhumanas, dormían en el suelo, en lugares insalubres, les proporcionaban poca alimentación diaria y no recibían ninguna remuneración económica por el trabajo que eran obligados a realizar.

Todos elementos fueron admitidos por el Tribunal y aunado a la prueba fundamentada sirvieron para que se impusieran condenas de 16 años de prisión para cada uno.