El juez de instructor de la causa penal por la masacre de unos 1.000 civiles en la localidad salvadoreña de El Mozote (1981), Jorge Guzmán.
En donde ha finalizado las correspondientes inspecciones a los archivos históricos de la iglesia católica, informó a Efe Wilfredo Medrano, uno de los abogados de las víctimas.
La inspección judicial comenzó el pasado 25 de enero en el archivo del Arzobispado de San Salvador y es la primera vez en la historia reciente del país que la iglesia salvadoreña permite el ingreso a estos archivos, recabados por su oficina de auxilio jurídico.
Medrano indicó que en las inspecciones se encontraron distintos documentos de identidad y escrituras privadas de propiedad de habitantes de El Mozote.
Añadió que se localizaron archivos heredados por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que dan cuenta de los niños nacidos en Honduras y cuyas familias se refugiaron en ese país para evitar ser asesinadas por el Ejército salvadoreño durante la guerra civil (1980-1992).
Además, dijo que existe registró de personas fallecidas en esos refugios y que, a su juicio, “es prueba del desplazamiento forzado” que sufrió la población de El Mozote y sitios aledaños.
Indicó que el próximo 12 de febrero se realizará una audiencia en el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, cercano al lugar de la masacre y que lleva la causa penal.
El proceso penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra más de una docena de mandos militares retirados se encuentra en la etapa de instrucción y, a juicio de los abogados, se cuenta con elementos suficientes para que el juez Guzmán lo pase a juicio.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron “deliberada y sistemáticamente” a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otros aledaños.
Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.
