FAMILIAS SALVADOREÑAS ABANDONAN SUS HOGARES POR  AMENAZAS DE PANDILLAS

Por su parte, en lo que va de este año Fundación Educo registró 170 deserciones escolares por desplazamiento forzado y otros 170 dejaron el país por la violencia, escogiendo como destino Estados Unidos, México, Honduras e Italia.

FAMILIAS SALVADOREÑAS ABANDONAN SUS HOGARES POR  AMENAZAS DE PANDILLAS

418 niños y adolescentes entre enero de 2016 y junio de 2018 se vieron obligados a dejar sus hogares mayormente por las amenazas de pandillas y el asesinato de sus familiares, así reveló este 5 de noviembre la investigación e informe denominado “Niñez sin tregua”, llevado a cabo por Cristosal y Plan Internacional.

Según estas organizaciones, el desplazamiento forzado sigue afectando a la niñez salvadoreña y las causas van desde no ser víctimas de las pandillas (67%), el crimen organizado y hasta de la misma Policía Nacional Civil (PNC).

Ante esto, la directora de programas regionales de Cristosal, Celia Medrano, expresó que desde el año 2014 “el Estado salvadoreño tiene temor de reconocer el desplazamiento forzado interno por violencia, quizás porque lo relaciona con su capacidad en materia del ejercicio de seguridad pública”. Lo anterior, según Medrano, “limita” a los organismos internacionales, sobre todo a la ONU, el apoyo que pueden dar, “sobre todo de la ayuda humanitaria si no hay un reconocimiento oficial”.
 
Según datos de Plan El Salvador, tomados del Instituto de Medicina Legal, revelan que 1,600 personas de 0 a 19 años fueron asesinadas de enero de 2017 a julio de 2018 en el país. Mientras que la PNC reportó 1,644 violaciones sexuales a menores de edad y 485 niños lesionados como parte de estas situaciones. “Son datos que nos sacuden”, indicó ante esto Cristosal.

Por su parte, en lo que va de este año Fundación Educo registró 170 deserciones escolares por desplazamiento forzado y otros 170 dejaron el país por la violencia, escogiendo como destino Estados Unidos, México, Honduras e Italia.
 
El 13 de julio de 2018, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en la que ordena al Gobierno y a la Asamblea Legislativa a reconocer el desplazamiento forzado y emitir políticas públicas y leyes para evitarlo. Sin embargo, hasta esta fecha poco o nada se ha avanzando en el tema, a pesar que la Sala dio un plazo de seis meses para que también el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública empezara a prevenir el desplazamiento forzado y recobrar el control territorial.

En este contexto, ayer en una de las entrevistas de FOCOS TV, Medrano se refirió a las caravanas de migrantes, expresando que las personas que se movilizan “no son delincuentes”, que si bien es posible que haya crimen organizado activando este tipo de movimientos, pero “los que se movilizan han vivido situaciones muy fuertes en El Salvador y Honduras”.

“Las respuestas (ante este fenómeno migrante) tienen que ser regionales y articuladas. Es necesario que se ponga atención para que la gente no se vea forzada a irse de sus casas a desarraigarse por razones en las que no hay condiciones para una vida digna y segura”, concluyó.

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