Los tres ex ejecutivos del Banco Hipotecario (BH) que fueron acusados ayer por delitos de corrupción habrían facilitado lavar $97.4 millones del dinero que bajo el Gobierno de Mauricio Funes fue sustraído de las arcas de la Presidencia.
Es por ello que este domingo la Fiscalía General solicitó la detención provisional para el expresidente, Carlos Alberto Ortiz; el exvicepresidente, Carlos Enrique Cruz Arana y el exoficial de Cumplimiento, Jolman Alexander Ayala mientras continúa el proceso judicial en su contra por estar involucrados en el caso Saqueo Público el que el prófugo Funes habría liderado para sustraer $351 millones.
Los tres ex ejecutivos del Hipotecario son acusados por los delitos de lavado de dinero y activos y peculado [apropiarse de bienes públicos] en calidad de cómplices necesarios, ya que habrían facilitado lavar $97.4 millones del dinero que bajo el Gobierno de Funes fue sustraído de las arcas de la Presidencia.
«Estamos presentando ante el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, el requerimiento contra los tres imputados para solicitar la instrucción con detención provisional para los acusados», señaló la fiscal.
La investigación fiscal detalla que Carlos Ortiz, el vicepresidente y el oficial de Cumplimiento apoyaban a Casa Presidencial por medio del Banco Hipotecario para depositar los cheques que salían de la cuenta del tesoro institucional de Casa Presidencial en cuentas particulares a nombre del señor Francisco Rodríguez Artiaga.
La fiscal del caso indicó que la investigación que vincula a los tres exempleados bancarios abarca los periodos desde junio de 2009 a junio de 2011, los primeros dos años de gobierno de Funes [ahora nicaragüense], en los que eligió Carlos Alberto Ortiz como presidente del Banco Hipotecario.
«Ellos en esta trama que ya se tenía de ver cómo se salía el dinero de los fondos públicos para usos particulares es que utilizan el Banco Hipotecario y es así como el presidente y el vicepresidente ayudan a Casa Presidencial para empezar a sacar dinero por medio de esas cuentas particulares, en ese sentido es que el señor Carlos Ortiz y el oficial de Cumplimiento Jolman Ayala llevan este delito de cómplices necesarios por el delito de peculado, porque todos los cheques que salieron de la cuenta del tesoro institucional de Casa Presidencial fueron depositados en cuentas particulares sin cumplir los requisitos que establece el Código de Comercio y la ley AFI», detalló la fiscal.
En dos años estas personas les dieron procesamiento a 1,651 cheques hasta por el monto de $97,456,424.26, publicó la Fiscalía en un comunicado.
Agregó, «Por ejemplo el señor Ortiz, cuando él estuvo como presidente se depositaron 153 cheques de la cuenta subsidiaria, ninguno de estos cheques llevaba las características que tienen que tener las cuentas que se abren con fondos públicos para poderlos ingresar a cuentas bancarias, luego desde las cuentas particulares del señor Francisco Rodríguez Artiaga y de gastos operativos de la Presidencia de la República salieron $131 millones 970 mil, este dinero fue retirado en efectivo por el señor Pablo Gómez. Podríamos decir que esta sería una segunda fase con el Banco Hipotecario del primer caso Saqueo Público porque los demás tanto el presidente como el oficial de cumplimiento anteriores ya están siendo procesados por esa primera fase».
La Fiscal señaló que los implicados recibieron un total de $215,000 como dádivas por permitir las transacciones; Ortiz recibió $72,000 en efectivo durante el periodo que estuvo como presidente; Cruz Arana recibió $64,500 también en efectivo durante fue vicepresidente y Jolman Ayala en su tiempo que fue oficial de Cumplimiento recibió en efectivo $78,500.
Apuntó que dentro de las pruebas que incriminan a Ortiz, Cruz Arana y Ayala se encuentran los análisis realizados a las firmas de los recibos que recibieron y ochos pericias.
«El dinero se les entregaba mensualmente en efectivo en Casa Presidencial y ellos ahí firmaban recibos, estos recibos fueron sometidos a pruebas y han dado positivo, es decir que efectivamente ellos plasmaron esas firmas, además hay ocho pericias, estas indican que en ninguna de estas cuentas del señor Francisco Rodríguez Arteaga se cumplió con la normativa que establece el artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activo de prevención de Lavado de Dinero, es decir se incumplieron la ley, el reglamento y el instructivo de la UI para abrir productos financiero además de la ley AFI», enfatizó la fiscal.
La audiencia inicial contra los tres implicados se realizará el próximo martes en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador a las 8:30 de la mañana.
